La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sancionado por más de 1 millón y medio de pesos al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), por el tratamiento de aguas residuales.
Y es que en lo que va del año el organismo descentralizado del gobierno de Puebla no ha presentado un proyecto para mejorar las plantas de tratamiento al gobierno federal.
En entrevista el delegado de Conagua en Puebla, German Sierra Sánchez, explicó que han sido siete multas que han aplicado porque drenajes descargan de manera directa al río Atoyac.
Reveló que siguen a la espera de que el Soapap presente formalizados los anexos técnicos, para que se haga la transferencia de recursos en el mejoramiento de las macroplantas de tratamiento de aguas residuales.
Explicó en la entrevista radiofónica que estos apoyos de recursos federales son por medio del programa Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), el cual está por concluir este año y el gobierno de Puebla no ha presentado proyecto.
“Por el tiempo del ejercicio presupuestal, el programa PROTAR está sujeto a la disponibilidad presupuestal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, señaló al señalar que siguen trabajando con las autoridades poblanas.
Detalló el funcionario federal que las sanciones han sido contra el SOAPAP, y a la empresa concesionaria, en este caso Concesiones Integrales o Agua de Puebla.
“Han sido por denuncias ciudadanas que hemos atendido la ley. Una denuncia incluso anónima tiene el mismo peso con nombre y apellido o las mediáticas, las cuales por ley se toman”.
Afirmó que deben verificar las acusaciones y aplicar procedimientos de leyes de aguas nacionales.
“Van siete sanciones a Soapap y Concesiones, que oscilan entre todas en un millón y medio de pesos, porque drenajes descargan de manera directa al río Atoyac”, dijo.
“Hemos trabajado para buscar soluciones, no es con conflictos como vamos a resolver los problemas serios de agua sino con acuerdos”, dijo el funcionario federal.
Manifestó que existe un compromiso del SOAPAP y la empresa concesionaria con Conagua para apoyar para que las cuatro plantas macroplantas de tratamiento y otra del parque ecológico que cuenten con tecnología adecuada.
“Que cumplan con los parámetros, que de acuerdo con la declaratoria particular del rio Atoyac exige”.
“Están en validación en México y la actual empresa concesionaria, así como la empresa anterior, que hizo los proyectos de modernización la validación de los mismos”.
Indicó que el PROTAR desde el gobierno federal, es para para que el riesgo sanitario que tiene a la salud pública por la cuenca del río Atoyac disminuya.
Sin aplicarse la ley

Señaló German Sierra Sánchez, que existen muchas industrias que están conectadas a los drenajes municipales, a pesar de que la ley es muy clara y lo prohíbe, sin embargo hay omisiones para aplicar sanciones.
“Ya hizo crisis la grave contaminación del río Atoyac”, reconoció el funcionario federal.
Por lo tanto, afirmó que es donde está el reparto del trabajo de los tres niveles de gobierno, ya que si una empresa está conectada a los drenajes, es facultad y responsabilidad del presidente municipal o director del organismo operador, de aplicar la ley.
Reveló que SOAPAP ha mandado a hacer análisis serios con laboratorios certificados, donde se ha detectado en los drenajes municipales, drenajes pesados y contaminantes, que no tienen que ver con aguas residuales urbanas
“No se está aplicando la ley, no se exige a las empresas los pretratamientos
Por lo tanto, adelantó que empezaran operativos de inspección entre Conagua, SOAPAP y hasta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
“En función de lo que se encuentre si se presentan las denuncias a diferentes ayuntamientos y acompañados por PROFEPA.
“Se verificará y analizara si se presentan las denuncias a delitos ambientales de la PGR”
“No es un asunto que pueda seguirse permitiendo la omisión de los tres niveles de gobierno, delito que podríamos ser sancionados los funcionarios por delitos de omisión”.
Recordó que hay un acuerdo donde la Conagua contrató al Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para un estudio completo, que sirva como director en acciones de mayor y menor impacto del Atoyac y Alseseca.
“En este mes, hay el compromiso de entregar el proyecto a la subdirección general de agua potable de saneamiento de Conagua, para darle a conocer a los gobiernos e instancias correspondientes, y a la sociedad la ruta crítica que se debe seguir en inversiones”.
Subsidios en espera

Señaló que además existen subsidios de 400 millones de pesos para el gobierno del estado y municipios, los que deben presentar anexos o proyectos validados por Conagua.
Estos se formalizan con la participación correspondiente de cada entidad, la cual siempre la parte federal es mayoritaria, por lo menos del 60 al 80 por ciento en todos los programas.
En el caso específico en los 14 municipios de la cruzada contra el hambre, Conagua va al 100%.
“Estamos en espera de que el gobierno del estado presente formalizados los anexos técnicos, para que se haga la transferencia de recursos”, dijo Germán Sierra.
El riesgo

Debido al mal servicio y nula inversión que ha prestado Concesiones Integrales o Agua de Puebla, se estudia la revocación de la concesión para administrar el servicio en la zona metropolitana de la capital del estado.
Y es que aunque tendría que tardar hasta tres décadas la concesión la misma será revisada, revelaron distintas fuentes, por lo que podría revocarse próximamente.
Uno de los ejemplos del mal trabajo, es que no han invertido un solo peso en las cinco plantas tratadoras de Agua negras, lo que ha implicado que cada trimestre hayan multas de 200 mil pesos cada en promedio.
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es la que ha multado constantemente al SOAPAP, organismo que supuestamente regula a la empresa privada.
Asimismo otros factores son las derrotas en los juzgados federales que han dado el amparo a distintos ciudadanos por los abusos de la empresa privada.
Un tercer factor son las constantes quejas de los usuarios, cuyas manifestaciones no han parado, debido al mal servicio, el cual no ha mejorado a pesar de las promesas del gobierno de Rafael Moreno Valle, de que terminarían los problemas.
Además de que SOAPAP solo quedó como oficina reguladora, pero ha usufructuado 700 millones de pesos anuales, sin que se reflejen en mejoras.
Fue en abril de 2014 cuando el gobierno del estado otorgó una concesión al consorcio Concesiones Integrales –integrado por Agua de México, Epcor y Ticsa– para operar el Sistema Potable de Alcantarillado y Agua Potable de Puebla (Soapap), firma que posteriormente cambió su razón social a Agua de Puebla.