Un solo aborto por violación ha sido aprobado en Puebla, mientras 32 carpetas de investigación permanecen abiertas contra mujeres que se lo practicaron.
Los abortos inducidos en Puebla, más que una realidad en números, son una constante en la vida de miles de poblanas. Existen cifras oficiales de la legalidad y escasos números negros de la clandestinidad.
Ante la falta de la legalización del aborto en Puebla, mil 314 mujeres, han recurrido a esta práctica en la Ciudad de México en 12 años, donde se les da todas las facilidades legalmente.
“Es evidente que las mujeres están abortando de manera clandestina, no todas de manera insegura, porque son cosas diferentes, pero hay abortos diario”, sentenció Cinayini Carrasco Colotla, directora del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
En este entorno, por 2 mil 500 pesos en la Ciudad de México se promociona una Interrupción de Embarazo Legal (ILE) para mujeres de Puebla.
Son constantes las protestas por la despenalización del aborto en Puebla, sobre todo ante a iniciativa que presentó la diputada Rocío García Olmedo.
En un lapso de cuatro años y 4 meses, se han abierto 32 carpetas de investigación en Puebla por el delito de aborto, según cifras oficiales del índice delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, en 2018 la tasa de mortalidad materna en el país fue de 30.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos en el país.
De estos, el 8.7% fueron por aborto, por lo que, de las 667 muertes maternas, 58 fueron por un legrado inseguro.
Aborto diario, una realidad
Cinayini Carrasco Colotla aclaró que la propuesta en el Congreso estatal no es para despenalizar el aborto, sino para disminuir o modificar las sanciones.
“Que las mujeres no vayan a la cárcel, pero que hagan trabajo comunitario”, dijo.
Por lo tanto, en entrevista a Intolerancia Diario, señaló que ideal sería que se despenalizara. “En este momento está criminalizado, una mujer va a la cárcel si tiene incluso un aborto espontaneo”, señaló.
Afirmó que se han documentado casos de mujeres denunciadas por aborto espontaneo, incluso hubo un caso en el que la vida corría peligro, pero el médico negó interrumpir el embarazo.
“La mujer buscó ayuda con una comadrona, tiene un aborto, tenía peligro de muerte, era el caso excluyente, pero solo se espera hasta el final, según la ley”, dijo.
De este modo hizo un llamado a todos los diputados, ya que es un trabajo que tienen que hacer todos. “No pueden hacerlo solos, necesitan buscar a gente experta en el tema, para legislar a favor de las mujeres”, indicó.
Señaló que realmente no se tienen cifras, incluso sector salud, pues cuando llega una mujer en un proceso de aborto no lo registra así muchas veces.
“En la información que se ha pedido lo califican como complicaciones del embarazo, pero no hay cifras oficiales como tal… Eso no nos permite tener un número real, es evidente que las mujeres están abortando de manera clandestina, no todas de manera insegura, porque son cosas diferentes”, aseveró.
Pero los abortos se dan todos los días, incluso una mujer durante toda su vida reproductiva puede sufrir un aborto.
“Se han documentado casos de mujeres con procesos abiertos, aunque no están en la cárcel. Las mujeres que cuentan con recursos o el apoyo para viajar a la CDMX lo hacen y quienes no tienen que buscar la manera de hacerlo aquí”.
“Por trabajo o por familia, no pueden salir de la ciudad, tienen que buscarlo aquí, la pregunta es que en qué condiciones se quiere que se realicen esos abortos, protegiendo o no los derechos de las mujeres”, sentenció la activista.
Las penas
Una mujer “que osa” con practicarse un aborto en Puebla, corre peligro de ser sentenciada hasta con cinco años de prisión, pena que puede bajar según su historial.
También el médico o partera que acceda a practicar el procedimiento enfrentaría hasta 3 años de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión hasta 5 años.
La sección octava del Código Penal, adicionada por el Congreso del estado en marzo del 2009, por iniciativa del PAN, aprobó penalizar el aborto en Puebla.
Al mismo tiempo en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se legalizaba, con el argumento de que así se evitarían abortos masivos.
Turismo de aborto
Ante la apertura para poder abortar en la CDMX, ha surgido diversa propaganda en redes sociales y páginas de internet para ofrecer servicios en 32 clínicas de la capital del país.
El último reporte del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, indica que, de abril de 2007 al 31 de mayo de 2019, mil 314 poblanas fueron atendidas.
Puebla por su cercanía, es tercer lugar en número de mujeres que van a atenderse un aborto a la capital del país, solo debajo de la misma CDMX y el Estado de México.
Los gastos de cada mujer que toma esta decisión, oscila entre mil 200 pesos y 5 mil 200 pesos, según transportación y la unidad médica que seleccione.
Trece centros médicos en la CDMX cuentan con la autorización para abortos, un centro de salud, cuatro clínicas y ocho hospitales.
Los centros médicos del gobierno de la capital ofrecen el servicio gratuito, pero los hospitales tras estudio socioeconómico, piden un pago.
Por lo tanto, el costo dependerá de la unidad de salud que se elija y el método que se aplique, de las que van desde aplicación pastilla o Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
El AMEU tiene un costo aproximado de 4 mil pesos por material médico y uso de instalaciones.
Puebla criminaliza
Puebla, junto con otros siete estados de la República, mantiene las penalidades más altas por aborto, al establecer prisión de uno a cinco años y no contemplar otros castigos como la multa económica o trabajo comunitario.
Un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), comparó las penas que se aplican en los estados para castigar el aborto.
El estudio resalta que en Puebla entre 2007 a 2016, se registraron 55 denuncias por el delito de aborto, se enfrentaron 37 juicios penales y se emitieron 13 sentencias.
GIRE señala que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, en dicho lapso, hay presas cinco personas por el delito de aborto, de las cuales cuatro son mujeres y un hombre.
El del GIRE advierte que el Código Penal de Puebla es discriminatorio, ya que a la madre que haya decidido abortar se le aplicará una sanción menor, de seis meses a un año, cuando: “no tenga mala fama, haya logrado ocultar su embarazo o no sea fruto del matrimonio”.
Expone que el aborto no será sancionable cuando se haya dado por imprudencia de la embarazada, sea resultado de una violación, la mujer corra peligro de muerte o el producto sea parte de la eugenesia.
Casos sin apoyo
El GIRE documentó diversos casos donde la autoridad y burocracia no dieron apoyo a víctimas:
Amparo indirecto 2015
La secretaría de salud local le negó la Interrupción Legal del embarazo (ILE) a una niña que tenía un producto tras una violación sexual.
De acuerdo con una disposición entonces vigente de la NOM 046, no contaba con autorización del juez, aunque el código penal local no contemplaba tal requisito.
El juez sobreseyó el juicio porque durante su tramitación la menor interrumpió su embarazo. Consideró que ya no había materia, ignorando las consecuencias del acto de autoridad.
Litigio concluido.
Lucía tenía 14 años cuando fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro durante varios meses y resultó embarazada.
Acompañada por su mamá interpuso una denuncia y solicito la interrupción legal de su embarazo en Puebla, donde reside.
Tanto el Ministerio Público como el Hospital General de Cholula le negó el acceso a un aborto legal con el argumento de que su embarazo era de 13 semanas, de acuerdo con el ultrasonido realizado: una semana más del límite que marca el código penal local.
Ante esta negativa, con el acompañamiento de gire, Lucía y su mamá interpusieron una demanda de amparo.
Pero como la resolución tardaba y las semanas seguían trascurriendo, decidieron realizar el aborto legal en la Ciudad de México.
La afectación psicológica de Lucía fue difícil de superar y la falta de apoyo por parte de las autoridades que no ayudó.
“Su caso es un claro ejemplo de cómo los plazos establecidos en algunos códigos penales para acceder al aborto por violación son una barrera importante para la garantía de los derechos humanos de las niñas y mujeres víctimas de violencia en México”.
