Se encuentran en ejecución 99 expedientes de despedidos del sexenio de Rafael Moreno Valle, lo que representa poco menos del 8% del total de juicios por bajas injustificadas.
Así lo revelan datos de la Secretaría del Trabajo en poder de Intolerancia Diario, los que señalan que existen 1 mil 198 juicios contra el gobierno del estado en el Tribunal de Arbitraje.
Existen 831 expedientes o juicios interpuestos entre los años 2011 y 2017, en el sexenio del finado gobernador Rafael Moreno Valle Rosas un 69% del total.
Si se cubriera el total de lo adeudado a los despedidos, se cubrirían 510 millones 62 mil 132 pesos.
Según los datos, anterior al 2011 existen 112 expedientes, por 130 millones 874 mil 37 pesos.
Entre febrero de 2017 a todo 2018 se interpusieron 210 expedientes o juicios laborales, por 54 millones 808 mil 601 pesos en todo 2019 apenas 46 expedientes por 56 millones 182 mil 866 pesos.
De este modo, el gobierno del estado adeuda en total 701 millones 927 mil 637 pesos a ex trabajadores presuntamente despedidos injustificados, quienes tienen demandado al Estado.
Hasta agosto de 2019, el gobierno de Puebla había cubierto 40 de los más de 500 millones de pesos de indemnizaciones heredadas a despedidos del sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas.
Al mismo tiempo alrededor de entre 15 y 21 personas que fueron afectadas en la ola de despidos del gobierno morenovallista, han sido reinstalados en sus trabajos en distintas dependencias estatales.
Marco Antonio Manzano, de la agrupación de los Despedidos Injustificadamente del Gobierno del Estado en Digna Resistencia, recordó que de los 12 mil trabajadores rescindidos que emprendieron una lucha 400 optaron por jubilarse o pensionarse.
Alrededor de 120 fueron recontratados o reincorporados porque sus derechos no fueron respetados.
Dependencia por dependencia
Del total, 903 expedientes están abiertos en el periodo ordinario, mientras que 196 casos ya están en laudo o al final para la indemnización y 99 en ejecución.
La dependencia que más juicios laborales es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la que tiene en contra 394 expedientes por despidos injustificados.
De dichos expedientes, 348 están en el proceso ordinario, 17 en laudo y 29 en ejecución.
En segundo lugar está la Secretaría de Finanzas con 261 expedientes en contra de los cuales 139 están el periodo ordinario, 79 en laudo y 43 en ejecución.
En tercer sitio está la Secretaría de Seguridad Pública, con más demandas laborales, con 116 casos, 112 de ellos en periodo ordinario, tres en laudo y uno solo en ejecución.
La Secretaría General de Gobierno, tiene el cuarto sitio, con 115 juicios laborales en su contra, 61 expedientes en proceso ordinario, 44 en laudo y 10 en ejecución.
Además la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, tiene 60 juicios en contra de ex trabajadores, 43 de ellos en periodo ordinario, 11 en laudo y 6 en ejecución.
Asimismo la Secotrade tiene en su contra 58 juicios laborales en contra; 44 de ellos en periodo ordinario, 12 en laudo y dos en extraordinario.
La Contraloría tiene en contra 39 expedientes; 19 de ellos en periodo ordinario, 17 en laudo y tres en ejecución; en tanto la Secretaría de
Desarrollo Rural tiene en contra 38 juicios, 30 de ellos en ordinario, seis en laudo y dos en ejecución.
La barredora morenovallista
En los primeros tres años de la administración de Rafael Moreno Valle de 2011 a 2014, en las 62 dependencias -incluidas las descentralizadas- fueron despedidas 12 mil 79 personas, un promedio de once burócratas diarios, incluyendo sábados y domingos.
Intolerancia Diario pudo documentar el total de despedidos, luego más de dos años y medio de interponer 34 solicitudes de información y ganar dos juicios de amparo, ante la negativa del gobierno de entregar los datos.
Entre los despedidos hubo desde jardineros, docentes, electricistas, obreros, médicos especialistas, hasta directivos de alto nivel.
La excusa en la mayoría de los casos del recorte del personal, era un adelgazamiento de la nómina, sin embargo no fue así, ya que también se documentó que los puestos se cubrieron en su mayoría sin desaparecerlos.
Pero el gobernador llegó en medio de una promesa de campaña hecha el 30 de junio de 2010 a los burócratas del anterior gobernador Mario Marín Torres: No habría despedidos si le daban su confianza y voto.
Hasta 2016, por medio de otras 20 solicitudes de información se documentó que de los 12 mil 79 despedidos, solo tres ex funcionarios públicos fueron compensados con finiquitos que van desde los 600 pesos, hasta cerca de 900 mil pesos, mientras centenares de litigios quedaron congelados.
