Chietla, Huauchinango, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tecamachalco, Tepeaca, Zacapoaxtla y Zacatlán, fueron los municipios donde se incrementaron más delitos contra las mujeres en el estado de Puebla.
De acuerdo con un estudio del observatorio ciudadano Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), en municipios con Alerta de Género en Puebla (AVGM), se incrementaron las carpetas de investigación por el delito violación.
Por ejemplo, crecieron las carpetas de investigación por violencia familiar, en municipios como Acatlán, Acatzingo, Cuautlancingo, Cuetzalan, Chalchicomula de Sesma, Chignahuapan, Huejotzingo, Izúcar, Palmar de Bravo y Tecali.
Asimismo, aumentaron las indagatorias por abuso sexual en 21 de los 50 municipios, entre ellos Amozoc, Atlixco, Coronango, Cuautlancingo, Chietla, Chignahuapan, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula y San Martín Texmelucan.
El municipio de Tehuacán destacó tanto por el crecimiento de carpetas de investigación abiertas por dicho delito, pero también por acumular más casos.
Crecieron en dichos municipios delitos como violación, violencia familiar, feminicidio, trata de personas y abuso sexual en el primer trimestre de 2022 respecto al del año pasado.
Resalta el municipio de Puebla, en donde se acumularon 647 indagatorias por este delito, siendo la cantidad más elevada de investigaciones en el primer trimestre de este año.
En el caso de trata de personas, solo hay dos municipios en donde se abrieron carpetas de investigación, una de ellas en Izúcar de Matamoros y la otra Puebla capital.
El estudio es basado en las carpetas de investigación abiertas reportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El 8 de abril de 2019 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) activó la AVGM en Puebla por la creciente violencia contra de las mujeres, por lo que autoridades de diferentes niveles de gobierno debían realizar acciones para combatir la violencia.
A tres años de la alerta la violencia persiste, y organizaciones civiles han cuestionado la efectividad de la alerta, las acciones de gobierno y el uso de los recursos públicos para combatir este problema.
