Es procedente la revocación del contrato de la empresa Agua de Puebla para Todos, debido a la serie de irregularidades y violaciones a derechos humanos que ha cometido.
Así lo afirmó el activista y defensor de los derechos del agua, Omar Jiménez, al aplaudir el anuncio de que habría litigios para la remunicipalización del servicio por parte del Gobierno del Estado de Puebla, acción incluso respaldada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su visita el pasado 5 de mayo.
En conferencia de prensa, señaló que la privatización del agua en el municipio de Puebla ha provocado una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, una crisis ambiental, económica, entre otras.
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que su administración está preparada para un litigio para recuperar el control del servicio de agua potable en la capital, que actualmente se encuentra en manos de la empresa Agua de Puebla para Todos.
“Una licitación con vicios de origen que han sido documentados y exhibidos por nuestro movimiento y otros colectivos, una ley del agua para el Estado de Puebla que es inconstitucional”, sostuvo Omar Jiménez.
Citó como ejemplo el artículo 99 que contempla la suspensión justificada de los servicios hídricos por falta de pago, no obstante, los tratados Internacionales determinan lo contrario al igual que la Constitución.
“Además, en un solo caso de suspensión del servicio hídrico los empleados de la concesionaria denominada Concesiones Integrales S. A. de C. V. y/o Agua de Puebla, no han acreditado los supuestos adeudos”, aseveró.
Explicó el activista que la suspensión constante de servicios de drenaje a ciudadanos, ha provocado un daño a la salud, como cuando se suspendió el servicio de agua y drenaje a locatarios de la Central de Abasto.
“Se hizo como en todos los casos sin exhibir orden judicial, sin acreditar el supuesto adeudo, poniendo en riesgo la salud de los locatarios, vendedores, consumidores, trabajadores, generando un foco infeccioso y contaminando los productos que se comercializan y les quieren cobrar 30 millones de pesos a los locatarios”, dijo.
Señaló que estas acciones son la muestra de una serie de constantes violaciones a derechos humanos que comete Agua de Puebla para Todos, por lo que han incumplido el título de concesión.
Por lo tanto, aseguró, es procedente la revocación del contrato y como fue la concesionaria la que no cumplió, es ella misma la que tiene que pagar una penalidad económica para resarcir el daño moral, ambiental, económico, etc., dijo finalmente.
