Los cortes y cobros de la empresa privada Agua de Puebla, siguen indiscriminados, pero también han generado derrotas en los tribunales, tras sendos amparos.
Apenas la semana pasada, se emitió la sentencia de un juez federal, luego de que la concesionaria pretendía cobrar 70 mil pesos a una pareja de la tercera edad, finalmente un juez determinó que era ilegal.
El matrimonio veterano, vecinos del fraccionamiento Rincón de Arboledas, en una de las zonas pobres de Puebla, se ampararon luego de que acusaron que en cinco años no recibieron en su domicilio ningún recibo o estado de cuenta por los servicios de agua.
Solo hace unos meses les llegó aviso urgente emitido por Agua de Puebla para Todos, en el que se le solicita el pronto pago de más de 70 mil pesos, sin desglosar o justificar los conceptos.
El cobro es por los presuntos adeudos presentados entre julio de año 2017 y 2022, por lo que iniciaron un juicio de amparo contra el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) que es la autoridad que presuntamente regula a la empresa privada.
"La sentencia de amparo refiere que la determinación de para establecer los conceptos de cobro presentó un vicio de fondo", informó su abogado y activista Omar Jiménez Castro.
Aseveró ante el tribunal federal que Agua de Puebla carece de personalidad jurídica que le otorgue las facultades de cobrar a los ciudadanos el servicio de agua potable, saneamiento y drenaje.
Por lo tanto, aseguró que el hecho de que la concesionaria solicite cobros por un servicio al que los poblanos deberían acceder por simple derecho, lo hace caer en una inconstitucionalidad.
Por lo tanto, podría verse reflejada en delitos como fraude, abuso de autoridad, tráfico de influencias o usurpación.
"El acto legal que ampara a los usuarios a evitar el pago por el monto excesivo es muestra de que Agua de Puebla no debería tener la facultad de cobrar al no ser una autoridad fiscal recaudatoria", explicó.
La sentencia expone la inexistencia de los actos que se atribuyen al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, así como a Concesiones Integrales, sociedad anónima de capital variable, referente al corte del suministro del agua potable.
La emisión de la sentencia que obliga la concesión del amparo y la protección de la justicia federal marcará un precedente en favor de la ciudadanía. Estima que cerca del 99 por ciento de los usuarios podrían estar en la misma situación.
Jiménez Castro finalizó asegurando que se encuentra a la espera de más sentencias que lleven a objetar la personalidad jurídica que se atribuye la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla.
