Dar aviso al Ministerio Público cada que los servicios de salud detecten embarazos en menores de 18 años es la iniciativa que propone la diputada panista Patricia Valencia. Se trata de una reforma para agregar un párrafo al Artículo 64 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.
Aunque la diputada sostiene que su iniciativa contribuirá a erradicar los embarazos adolescentes en Puebla, especialistas consultados por Intolerancia Diario señalan que la propuesta no sólo criminaliza a las adolescentes, sino que también intenta legislar algo para lo que ya existen al menos 5 leyes, códigos y convenciones, estatales, nacionales e internacionales.
¿De qué va la iniciativa?
En entrevista para Intolerancia Diario, Patricia Valencia detalló que ante las estadísticas que colocan a Puebla como el segundo estado del país con más embarazos adolescentes, su iniciativa “poco a poquito abonará a la erradicación de embarazos en adolescentes”.
En los Considerandos de la iniciativa se cita la estadística del INEGI a propósito del 10 de Mayo en la que destaca que Puebla fue la segunda entidad con más embarazos en niñas y adolescentes, menores a 20 años. Más del 25% de estas madres declararon tener menos de 16 años y ser solteras.
“En todos los casos que se detecten embarazos de menores de 18 años, los servicios de salud darán vista al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a efecto de que se investigue y determine si, en su caso, existe alguna conducta de naturaleza penal”, es la reforma que propone.
Detalló que con este agregado, los servicios de Salud del estado de Puebla deberán reportar ante el Ministerio Público todos los embarazos en menores de edad.
Embarazos adolescentes
El Consejo Estatal de Población (Coespo), reportó en el Análisis Situacional del Embarazo en Niñas y Adolescentes (10-19 años) en el Estado de Puebla 2022 que en el estado de Puebla se registraron 12 mil 831 embarazos; 460 de ellos en niñas de 10 a 14 años y 12 mil 371 en adolescentes de 15 a 19 años.
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) en su Blog de datos e incidencia política de Derechos de infancia y adolescencia en México destaca que en 2020, Puebla Capital fue uno de los cinco municipios del país con más embarazos de madres adolescentes de entre 12 y 17 años.
Cinco leyes que protegen lo mismo
Perla Xóchitl Gómez Pulido, abogada general de la Universidad Iberoamericana Puebla, detalló que existen al menos 5 leyes, códigos y convenciones, estatales, nacionales e internacionales, que plantean lo mismo que el párrafo que se busca adicionar.
A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niños, en el artículo 3 establece que los Estados firmantes, entre ellos México, adoptarán todas las medidas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, incluido el abuso sexual.
A nivel nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 222 obliga a quien tenga conocimiento de la probable existencia de un delito a denunciarlo. Mientras que en el 109 señala que en los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En cuanto a las leyes estatales, Perla Xóchitl Gómez destaca que en el artículo 165 de la Ley Estatal de Salud se dicta una atención preferente a mujeres, niñas, niños y adolescentes sometidos a maltrato y que en los casos donde se presuma que puedan ser víctimas, el sistema de Salud informará a las autoridades ministeriales.
La Ley de Víctimas del Estado de Puebla, en su artículo 43 pide que se tengan en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, principalmente en grupos de mayor riesgo, como es el caso de niñas y adolescentes.
Finalmente, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla en sus artículos 45 y el propio 64, que es el que se busca reformar, señalan la obligatoriedad para que cuando los servicios de salud detecten o atiendan casos de víctimas de delitos de violencia sexual, actúen como dictan las demás leyes.
Adicional a la duplicidad legislativa, Gómez Pulido subrayó la urgencia de reconocer que, aunque se trata de menores de edad, “es necesario que el paradigma que tenemos de niñas, niños y adolescentes cambie, porque todo el tiempo, en el esquema tradicional ha sido verles como objeto de tutela y se trata de considerarlos sujetos plenos de derechos”.
Criminaliza a embarazadas
Entrevistado por separado, Juan Martín Pérez García, Coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe cuestiona la pertinencia de la iniciativa, la criminalización a las embarazadas y la viabilidad de aumentar el trabajo a los Ministerios Públicos. Además, recalca que los embarazos adolescentes son la muestra de las fallas del Estado mexicano.
En sus palabras, la iniciativa es un ejemplo del “Populismo punitivo, se pretende generar castigo público y rentable electoralmente ante cualquier hecho considerado inmoral… Lleva a descontextualizar las dinámicas sociales, individualizar el castigo y lamentablemente a criminalizar a los segmentos más excluidos de nuestra sociedad”.
Tras recordar que las adolescentes deben y pueden decidir sobre sus cuerpos, su placer y su sexualidad, Juan Martín Pérez reiteró que la educación sexual integral, también es uno de sus derechos.
“Precisamente una adolescente embarazada es la demostración de las fallas del Estado mexicano porque no pudo prevenir ese embarazo con educación sexual integral, con una interrupción del embarazo si fuera el caso”.
Ante los más de 3 mil 500 casos de embarazos, en adolescentes, que se registraron en el estado de Puebla en 2022, el especialista consideró que: “estas iniciativas son caricaturas porque no van a cambiar la realidad. Eso no va a pasar porque eso implica una carga de trabajo al Ministerio Público”.
Afirmó que la iniciativa sí afectaría a las menores embarazadas: “Claramente esto criminaliza a las niñas, las revictimiza porque tendrían que ser objeto, ellas, de investigación. ¿Cómo vas a investigar un embarazo si no es a través de ellas, tienes que coaccionarlas, presionarlas para saber con quién tuvo relaciones sexuales, si tuvo protección y eso ya viola la intimidad? Es inconstitucional e inconvencional”.
“El estado de Puebla tiene tantísimas problemáticas y urgencias legislativas, que jugar a esta ociosidad legislativa es ofensivo para el Estado y altamente peligroso para las adolescentes víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, porque se estaría generalizando un intento de investigación, de persecución cuando sabemos cuáles son los perfiles de adolescentes víctimas de estos hechos”, concluyó Juan Martín Pérez.
Este contenido fue producido con el apoyo del Institute for War And Peace Reporting y la mentoría de Animal Político, en el marco del programa Mexican Journalism Resilency.
