En el estado de Puebla apenas el 17.51 por ciento de los municipios cuentan con un atlas de riesgo, para proteger a sus poblaciones, lo que la ubica en la posición 19 de entidades del país.

Así se aprecia en un estudio realizado por el observatorio ciudadano Igavim, el que señala que el caso del estado de Puebla, tiene como últimas actualizaciones a los municipios de San Andrés Cholula en 2022 y San Martín Texmelucan en 2023.

Asimismo, destaca que la modificación a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil dónde indica que su actualización será de manera anual, lo que al parecer no se está realizando.

En Puebla apenas de los 217 municipios que conforman la entidad, 38 cuentan con el atlas de riesgo, por lo que destacó el observatorio ciudadano que necesario que primero se logre realizarlo en los municipios con mayor vulnerabilidad.

Aunque el atlas de riesgo del municipio de Tehuacán de acuerdo con el ayuntamiento se actualizó en 2021, este no ha sido publicado en el portal del CENAPRED.

Por otro lado, el atlas de riesgo del municipio de Puebla se publicó en 2012 y se actualizó en 2021, el de San Andrés Cholula en 2011 actualizándose en 2022, mientras que el de San Martín Texmelucan tuvo una primera actualización en 2018 y en 2023 volvió a ser actualizado

Se destacó que no todos los municipios tienen el interés de contar con este ordenamiento preventivo primario y utilizarlo dentro de la planeación urbana y rural.

Asimismo, los que cuentan con el atlas de riesgo, deben cumplir con las actualizaciones para fortalecer su cultura de prevención dentro de sus políticas públicas

Las únicas entidades que tienen todos sus municipios dicho estudio de protección civil, son Guanajuato, donde sus 49 localidades ya lo cuentan, así como el Estado de México, en sus 125 ayuntamientos.

El estado de Oaxaca, estado de la república con más municipios, apenas 39 de sus 570 ayuntamientos tienen atlas de riesgo, lo que implica apenas un 6.8 por ciento.

Panorama

De acuerdo con el número de Atlas de Riesgo municipales, las entidades federativas con el mayor número son: México, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, de acuerdo a la jerarquización porcentual por entidad federativa, los que tienen mayores avances: México, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Colima, Baja California Sur y Quintana Roo.

Por el contrario, las entidades que porcentualmente menos Atlas de Riesgo han realizado y publicado en el portal del CENAPRED son: San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Jalisco.

En caso de no contar con el Atlas de Riesgo un municipio, es necesario que la información publicada por el CENAPRED la utilice de manera preliminar, para analizar los riesgos en su territorio y se expongan las criterios de actuación preventivos iniciales, ya sea para expedir permisos y/o autorizaciones, así como para la valoración de cualquier proyecto, obra o construcción.

Aunque el artículo 19 fracción XXII de la Ley General de Protección Civil, señala que el CENAPRED es el encargado de supervisar la actualización del atlas de riesgo, no se identificó el seguimiento y la mayoría de los municipios no lo han actualizado o no lo tienen.

Señala Igavim que por lo tanto es necesario que los reglamentos de construcción y/o el reglamento de la materia, vaya de la mano con lo indicado por el Atlas de Riesgo, el Programa de Desarrollo Urbano, las NOM´s y los criterios de impacto social y ambiental, con la finalidad de mejorar la planeación urbana y rural.

Destaca el estudio que pesar de que se integró y publicó de manera general el atlas nacional de riesgo, aun existen limitaciones y deficiencias en las entidades federativas y sobre todo en los municipios, para que en materia de protección civil, se diera continuidad y seguimiento específico a los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos humanos más vulnerables ante el cambio climático en conjunto con la federación.

Finalmente subraya Igavim que es urgente diseñar, instrumentar, actualizar y dar seguimiento este tipo de ordenamientos en el país, que provea los indicadores de cambio climático y las necesidades indicadas en la Agenda 2030 para promover una adecuada gestión integral del riesgo en cada localidad.