Ante la falta de condiciones para operar e incluso por daños del sismo de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cerró siete cárceles en el estado de Puebla, tras reubicar a los internos a otros centros penitenciarios.
Así fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), donde se argumenta que el cierre es en atención a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Las cárceles municipales que cerrarán se ubican en Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, las que ya no se utilizan desde las afectaciones por el sismo del 19 de septiembre del 2017.
Asimismo, se cierran los de Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán, con pequeñas poblaciones de reos, 43, 18, 48 y 123 personas, respectivamente.
Se informó en el POE que en su momento las personas que estaban recluidas fueron trasladados al penal de San Miguel.
Ahora los internos serán trasladados a otros penales de la entidad que determine la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, área que estará a cargo de la reubicación.
La recomendación 28/2016 de la CNDH, informó que se determinó que los gobernadores y alcaldes deben gestionar los recursos presupuestales y administrativos, para que se destinen a las acciones humanas, materiales y financieras suficientes en los centros estatales.
Fue a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, la CNDH, como se identificó aspectos relacionados con las condiciones de vida en la que se encuentran las personas recluidas.
Según el estudio, las prisiones del estado de Puebla cuentan con una calificación del 5.02, en una escala del 1-10, lo cual significa que es reprobatoria.
Sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los centros de reinserción social distritales, son algunos de los problemas.
Además, las cárceles son administradas por los ayuntamientos donde se encuentran ubicados, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para su atención, en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social, señala el estudio.
