La iniciativa para trasladar las funciones de transparencia al ámbito de la Secretaría Anticorrupción en Puebla ha generado opiniones divididas entre especialistas.
En entrevistas separadas para Intolerancia Diario, los especialistas en temas de transparencia, Carlos Loeschmann y Roberto Alonso, confrontaron posiciones.
Carlos Loeschmann, exconsejero del Instituto de Acceso a la Información Pública de Puebla (Itaipue), sostuvo que esta reforma permitirá una mayor eficiencia en la administración de la información pública.
"La centralización en una sola dependencia fortalecerá los mecanismos de rendición de cuentas y optimizará recursos", afirmó. Incluso calificó la medida como "un golpe de timón necesario para mejorar la transparencia en la entidad".
En contraste, Roberto Alonso, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, advierte que esta medida representa un riesgo para el acceso a la información y la transparencia gubernamental.
"El derecho de acceso a la información pública entra en una fase de riesgo, porque el organismo garante independiente desaparece y sus funciones pasan a una dependencia del Ejecutivo estatal", alertó.
Se mantiene el derecho
El especialista en transparencia, Carlos Loeschmann, destacó en entrevista la importancia de los recientes cambios en materia de acceso a la información y protección de datos personales en México.
Explicó, las reformas constitucionales aprobadas buscan armonizar el marco jurídico estatal con las nuevas disposiciones nacionales, sin que ello implique la desaparición del derecho a la información.
Recordó que la iniciativa presentada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ante el Congreso local, forma parte de este proceso de adecuación normativa.
Dicho proyecto propone que la Secretaría de la Función Pública asuma el control en materia de transparencia, lo que podría derivar en la desaparición del Itaipue.
“El derecho de acceso a la información y la política de transparencia no sufren modificaciones, están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte. Lo que cambia son los sistemas de protección y las garantías de acceso a la información”, enfatizó Loeschmann.
Explicó que la reforma constitucional aprobada en diciembre de 2024 contempla la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como de sus organismos homólogos en los estados. En su lugar, las funciones de estos entes serán absorbidas por la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Finalmente, Carlos Loeschmann hizo un llamado a la ciudadanía para continuar ejerciendo su derecho a la información y fortalecer la cultura de la transparencia en el país.
“Es un cambio de timón de 180 grados, pero lo fundamental es que la gente sepa que el derecho no desaparece, solo se transforman los mecanismos de protección”, concluyó.
Transparencia en riesgo
El reciente traslado de las funciones de transparencia al ámbito de la Secretaría de la Función Pública en Puebla representa un riesgo y un retroceso para el acceso a la información pública, advierte Roberto Alonso, académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.
"El derecho de acceso a la información pública entra en una fase de riesgo, porque el organismo garante independiente desaparece y sus funciones pasan a una dependencia del Ejecutivo estatal", alertó Alonso.
Según el especialista, este cambio compromete la imparcialidad y pone en peligro la supervisión del acceso a la información.
"Esto no es solo incertidumbre, sino un retroceso claro en las garantías que habíamos conseguido en el país", enfatizó. Además, señaló que el nuevo modelo deja al gobierno como "juez y parte en los procesos de transparencia, lo que compromete la objetividad de las evaluaciones".
Alonso también cuestionó el desempeño del Instituto de Transparencia de Puebla (ITAIP), indicando que "nunca logró consolidarse como un ente plenamente autónomo y comprometido con la ciudadanía".
En su opinión, el organismo estuvo subordinado a las lógicas gubernamentales, generando deficiencias en la promoción de la transparencia.
"Lo vimos claramente durante la pandemia, cuando en lugar de favorecer la difusión proactiva de información, prácticamente se declaró en receso", criticó.
La reestructura
La reestructuración en Puebla, sigue la tendencia nacional impulsada por el gobierno federal, que eliminó el INAI.
Ahora, las funciones de transparencia dependerán de la Secretaría de la Función Pública, rebautizada como Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta replicó esta estrategia con su iniciativa, trasladando las competencias de la Secretaría de Administración a la Secretaría Anticorrupción.
De esta forma, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá la facultad de proponer políticas en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y gobierno abierto de la Administración Pública Estatal.
También le corresponderá verificar la integración de las unidades de transparencia y la constitución de los Comités de Transparencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Además, coordinará los procedimientos de atención y acciones de trámite, dará seguimiento a las acciones de los sujetos obligados e informará de todo lo anterior a la instancia correspondiente.
