Ante la inminente desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE), los funcionarios y comisionados se han encerrado a piedra y lodo.
Esto ocurre en el contexto de la reciente extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo que ha puesto en riesgo la autonomía de los organismos encargados de garantizar la rendición de cuentas en el país.
Finalmente, la semana pasada se registró del INAI como parte de una reforma que ha generado controversia a nivel nacional.
Como consecuencia, las entidades federativas tienen un plazo de 90 días para armonizar sus leyes locales y definir el futuro de sus órganos de transparencia.
Sin embargo, aunque este medio de comunicación buscó a funcionarios y al comisionado Javier Blanco, contrario a la transparencia que profesan, no hubo respuesta, para saber cuántos trabajadores serían afectados.
En este marco, hace unos días el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ya envió al Congreso local una iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, eliminando al ITAIPUE y transfiriendo sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
De aprobarse la propuesta, Puebla seguiría los pasos de otras entidades que han optado por integrar sus organismos de transparencia a dependencias del Ejecutivo estatal.
Anteriormente el Francisco Javier García Blanco, expresó su preocupación ante la posible desaparición del instituto
Indicó que sin estos entes reguladores, cada sujeto obligado podría responder de manera distinta a las solicitudes de información, lo que afectaría la certeza y consistencia en las respuestas.
Además, el comisionado ha indicado que la reforma podría implicar una regresión en materia de transparencia y protección de datos personales, áreas en las que se han logrado avances significativos a lo largo de los años.
El argumento del gobierno estatal
Según Armenta, la desaparición del ITAIPUE responde a una estrategia de reorganización administrativa que busca optimizar los recursos y evitar la duplicidad de funciones.
“En nuestra administración habrá plena disposición para atender cualquier demanda de información pública, respetando el derecho de los ciudadanos a preguntar”, afirmó el gobernador en recientes declaraciones.
Además, la iniciativa del mandatario se enmarca dentro del plazo de 90 días que tienen los estados para armonizar sus leyes locales con las reformas federales derivadas de la desaparición del INAI.
Actualmente, el ITAIPUE sigue operando con normalidad, procesando solicitudes de información y resolviendo recursos de revisión.
Sin embargo, la incertidumbre sobre su futuro ha generado preocupación entre sus trabajadores, quienes aún no tienen claridad sobre si serán reubicados en otras dependencias o enfrentarán despidos masivos, pero tienen prohibido manifestarlo.
El futuro del ITAIPUE dependerá del debate en el Congreso del Estado de Puebla, donde la iniciativa del gobernador será sometida a discusión y eventual votación.
Legisladores de oposición y algunas voces dentro de la sociedad civil han manifestado su intención de frenar la propuesta, argumentando que la transparencia no debe quedar subordinada a intereses políticos.
Nuevas leyes
El 20 de marzo de 2025 se aprobaron y publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las nuevas leyes en la materia.
Estas normativas buscan fortalecer la garantía de los derechos de privacidad de los ciudadanos y establecen plazos clave para su implementación.
A partir del 21 de marzo, las nuevas disposiciones entraron en vigor, marcando el inicio de un proceso de transición que involucra diversas autoridades.
En paralelo, el 21 de marzo se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para crear la Unidad de Protección de Datos Personales.
Esta nueva entidad supervisará el cumplimiento de la normativa y se estructurará en tres Direcciones Generales: Normatividad y Prevención, Datos Personales en el Sector Público y Datos Personales en el Sector Privado.
Cada una tendrá funciones especializadas para asegurar la correcta implementación de la legislación.
Con estos cambios, el país da un paso adelante en la protección de la información personal, reforzando las garantías de privacidad de los ciudadanos y estableciendo un marco regulatorio robusto.
