Pese a las recientes manifestaciones en contra, la presidenta del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García, confirmó que continúa el análisis legislativo para aprobar la reforma en materia de movilidad y uso de motocicletas, conocida como la “Ley Chaleco”. Esta nueva versión de la iniciativa incorpora cambios derivados de una amplia consulta ciudadana y diálogo con diversos sectores.
En entrevista con Informe 96 de Cadena IN, García detalló que la propuesta ha sido modificada respecto a su versión original, luego de recibir aportaciones de motociclistas, empresarios, repartidores y familiares de víctimas de delitos cometidos desde motocicletas.
“Nos han buscado personas que perdieron familiares en atentados cometidos con motos. No buscan venganza, pero sí evitar que otros vivan lo mismo”, comentó.
Entre los principales ajustes, se incluye que la tarjeta de circulación indicará cuántas personas puede transportar legalmente una motocicleta, de acuerdo con su cilindrada y características de fábrica. También se prohibirá modificar los asientos, como medida para prevenir accidentes por sobrecupo.
Además, la controvertida propuesta de portar chalecos con placas visibles fue retirada. En su lugar, se contempla que la identificación del conductor esté visible en el casco, lo que permitirá su lectura por cámaras de videovigilancia.
García reconoció las molestias generadas por los operativos de verificación, pero subrayó su importancia para regular el creciente parque vehicular de motocicletas, que oficialmente suma unas 250 mil unidades registradas. Sin embargo, el número real en circulación es considerablemente mayor.
En ese sentido, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado y los distribuidores de motocicletas para ampliar los módulos de emplacamiento, actualmente limitados a dos en toda la entidad. La meta es que las motos salgan ya emplacadas desde el punto de venta.
La presidenta del Congreso enfatizó que el objetivo no es criminalizar a los motociclistas, sino garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. “No se puede generalizar ni tratarlos como delincuentes. La mayoría usa la moto para trabajar y movilizarse”, señaló.
La iniciativa será presentada primero ante la Comisión correspondiente y después ante el pleno del Congreso. García reiteró el compromiso del Poder Legislativo con una norma que proteja la seguridad pública sin afectar los derechos de quienes usan motocicletas como medio de transporte o de trabajo.
