El representante de los defraudados por la Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz, Rafael Ramírez Hernández, anunció que es posible que durante el primer semestre del año tengan al fin una solución al problema que enfrentan mil 340 socios.

Indicó que a diferencia del gobierno anterior, las actuales autoridades han comenzado a buscar alternativas para poner fin al problema y que la gente recupere sus ahorros.

Expresó que entre las soluciones se encuentra efectuar una asamblea disolutiva con la participación de los socios, de esta manera se podrán tener los beneficios por parte del fideicomiso.

Comentó que las autoridades podrían llevar a cabo un proceso de promoción para que se acelere la realización de la asamblea y en este mismo semestre quede solucionado el problema.

Por otra parte, recordó que el pasado enero la Procuraduría General de la República (PGR) inició indagatorias para averiguar de dónde procede el dinero que tenían en las cuentas.

Dijo que la subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR citó uno de 109 clientes con montos arriba de los 500 mil pesos para comparecer en las oficinas centrales de la ciudad de México.

La desconfianza
Rafael Ramírez Hernández, representante de los mil 300 afectados, señaló que el primer citatorio fue dirigido a Isabel Cosme Moreno, con fecha del 7 de enero de 2011, para que acudiera a comparecer el pasado 2 de febrero a las 10:00 horas ante la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.

Pero Isabel Cosme ‚Äîpersona de la tercera edad‚Äî tenía invertidos más de 500 mil pesos, recursos procedentes de los ahorros que durante su vida pudieron recaudar, pensiones y jubilaciones.

En el citatorio se especificó que tenía que presentar originales y tres copias de los estados de cuentas bancarias, correspondientes al periodo del primero de enero al 31 de diciembre de 2008 y del primero de enero al 31 de diciembre de 2009.

El documento está firmado por Georgina Gutiérrez Aceves, agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la mesa 17 Financieros, manifestó que parece increíble que las autoridades de justicia, en lugar de exigir a los estafadores de la empresa: Silvia Mora Vázquez y Romualdo de Jesús Malo Quiroz, que paguen los 330 millones de pesos a los estafados, ahora pretenden indagar si los ahorros de los clientes son de procedencia ilícita.