En el “Análisis de la Deuda Pública en las Entidades Federativas y Municipios 2000-Marzo 2011”, la ASF ubicó a Puebla entre los once estados del país donde el riesgo por su deuda pública es de nivel “medio”, con un respaldo de 40 a 70 por ciento del total de participaciones federales que reciben.
En el grupo con “riesgo medio”, el estado se enlista entre los tres últimos, con 44.5 por ciento de sus participaciones comprometidas, seguido de Colima e Hidalgo con 42.4 y 41.1 por ciento respectivamente.
Además de las entidades antes mencionadas, en el grupo de “riesgo medio” se encuentran Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Sinaloa y Oaxaca.
Según el estudio del máximo órgano de fiscalización del país, 13 estados presentan mayores compromisos financieros con respecto a sus participaciones federales, y son Quintana Roo, Nuevo León Sonora, Chihuahua, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Baja California, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas y Nayarit.
De acuerdo con la ASF, estas entidades presentan un mayor compromiso en aportación de la federación para cubrir sus pasivos, con un “riesgo elevado” superior a 70 por ciento de sus participaciones.
El riesgo
El análisis —basado en datos al 2010— revela que el elevado endeudamiento representa un riesgo para la sustenibilidad de los financiamientos estatales contratados en el mediano y largo plazos, debido a que los recursos federales constituyen la mayor fuente de ingresos de arcas locales.
El estudio establece que el déficit público es resultado de una insuficiencia de ingresos para solventar el nivel de gasto corriente y de capital, lo que incide a estados a recurrir al financiamiento como única opción.
El análisis plantea la necesidad de que los estados regulen su nivel de endeudamiento y los riesgos de su crecimiento, esto a través de medidas para sanear y fortalecer las finanzas públicas, con un mejoramiento gradual y sostenido del balance presupuestario.
Advierte sobre el riesgo latente en gobierno de estados y municipios en caso de no incrementar sus ingresos y racionalizar el gasto, lo que finalmente mantendrá el déficit público y aumentará las necesidades de financiamiento.
Destaca el caso de Quintana Roo y Nuevo León, los cuales presentan el mayor riesgo del país, al respaldar en su deuda pública 53.5 y 148.5 por ciento, respectivamente, el total de sus participaciones federales.
En contraste, los estados con “riesgo bajo”, con índices menores al 40 por ciento son Guerrero, Querétaro, Yucatán, Morelos, Tabasco, Zacatecas y Campeche.
Cabe destacar que el estudio elaborado por la ASF ya fue presentado a la Cámara de Diputados, con el fin de analizar el contexto actual que enfrentan los 32 estados del país con respecto a sus pasivos.