Por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento, la Secretaría de Economía (SE) federal confirmó que no es factible otorgar los títulos de concesión Cerro Grande y Cerro Grande 2 en el municipio de Ixtacamaxtitlán a la minera canadiense Almaden Minerals.
La información fue difundida por la Comunidad Nahua y el Ejido de Tecolmeni, tras haber recibido la resolución el 22 de febrero pasado que impide la extracción de oro y plata a cielo abierto.
“Es importante subrayar que Almaden Minerals ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y que ya no le serán otorgadas nuevamente. Por lo que debe abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de actividad dentro de este municipio”, indicó.
La empresa aclaró que la decisión de la dependencia todavía está sujeta a lo que dicte el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Puebla.
De acuerdo con la Comunidad, las evaluaciones de impacto ambiental emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas confirman que no es posible otorgar las concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, debido a los graves impactos sociales, culturales espirituales y en los derechos humanos, por lo que llamó al juez de distrito a “cumplir la sentencia”.
El 20 de julio de 2022 fueron declaradas insubsistentes los lotes mineros Cerro Grande y Cerro Grande 2, luego de que en febrero de ese año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la SE debía consultar a los pobladores antes de autorizar una mina de oro y plata a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán.
Posición
Minera Gorrión. S.A. de C.V., subsidiaria de Almaden Minerals Ltd., consideró que la Secretaría de Economía interpretó que las solicitudes de las concesiones tienen imprecisiones técnicas que impiden su factibilidad.
Por lo anterior dijo que la determinación todavía está sujeta a la resolución del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Puebla.
“Minera Gorrión ha cumplido puntualmente con el pago de sus impuestos por aproximadamente más de 30 millones de pesos mexicanos, además de que ha invertido alrededor de 830 millones de pesos mexicanos.
“Esta decisión de la Secretaría de Economía no solo es un mensaje sumamente negativo para la industria minera sino también para la certidumbre jurídica de la inversión en México”, indicó en un comunicado.
También advirtió que presentará acciones jurídicas para acreditar que sus actos se encuentran apegados a derecho.
