El Gobierno de Puebla agotó todas las herramientas legales para enfrentar el litigio con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque finalmente tuvo que pagar dos mil 600 millones de pesos por una devolución de impuestos hecha entre 2015 y 2016, a la que no tenía derecho.
Jonathan Ávalos Meléndez, consejero jurídico, confirmó que, en 2019, a través de la Procuraduría Fiscal, se obtuvo una nulidad lisa y llana a favor de la autoridad estatal, ante el cobro del SAT.
Sin embargo, aclaró que el organismo fiscal promovió un recurso de revisión que finalmente le fue favorable.
"La estrategia y la línea de defensa fue la misma desde el gobierno interino (de Guillermo Pacheco Pulido) hasta el actual", explicó el funcionario.
Agregó que a pesar de que la Procuraduría Fiscal interpuso un amparo directo para proteger al Gobierno de Puebla, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa confirmó la resolución en contra.
Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina acusó que la empresa asesora que contrató el gobierno estatal en 2015, es responsable de haber vendido una “fórmula maravillosa” para, en su momento, evadir impuestos.
“¿Dónde está el origen de esto? está en haber contratado a una empresa asesora que propuso al estado en su momento el poder evadir ese tipo de impuestos. Ese fue el tema, evadirlos, no pagarlos”, dijo en su conferencia de prensa.
