El gobierno estatal y la cementera Cruz Azul pactaron una revisión jurídica para determinar si el ayuntamiento de Tecamachalco debe cobrar también impuestos a la empresa.
A decir del secretario de Gobernación estatal, Javier Aquino Limón, luego de reunirse con los presidentes municipales involucrados y representantes de la transnacional, se determinó retirar los sellos de clausura de la cementera, por lo que ya se trabaja con normalidad.
Al hablar de la situación legal de la cementera, comentó que en sus escrituras se establece que el territorio donde asentaron su planta hace 20 años, pertenece al municipio de Palmar de Bravo, motivo por el que durante ese tiempo ha realizado sus trámites y pagos en dicho ayuntamiento.
A pesar de ello, dijo que cuando Tecamachalco hizo una medición de la superficie y discutió el asunto con Palmar de Bravo, se llegó a la conclusión de que una parte de la empresa se encuentra en su territorio, por lo que exigen recibir una parte proporcional del pago de impuestos y derechos.
Por lo anterior, el ayuntamiento interpuso un recurso jurídico, pero evitó mencionar el monto reclamado.
En este sentido, Aquino Limón descartó una invasión y adelantó que si se determina que tanto Palmar del Bravo como Tecamachalco tienen requerimiento de impuestos se procederá conforme a la ley.
"Ambas partes están abiertas al diálogo, para que se haga una revisión jurídica sobre las escrituras de propiedad de la planta, y eso va el tema", apuntó.
