Frente a las acusaciones de daño patrimonial en contra de la secretaria general de Morena en Puebla, Guadalupe Siyancan Peregrina Díaz, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la militancia de un partido no es un pasaporte a la corrupción, impunidad o complicidad.
En esa tónica, dijo que la aplicación de la Ley es para todos por igual, aunque enfatizó que se respetarán los dos pilares del Estado de Derecho: la presunción de inocencia y el debido proceso.
Fue más allá, el morenista señaló que las actuaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE) serán respetadas por su administración, así como las observaciones y las carpetas de investigación de orden administrativo que tengan a su cargo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Dicha postura del mandatario se da luego de que revelara que se han acercando a él presidentes y presidentas municipales con la intención de que pueda interceder para detener un procedimiento jurídico, lo cual dijo no ocurrirá, porque los procesos se siguen de oficio y algunos son de autoridades de fiscalización de nivel federal.
"Yo no le puedo hablar a un juez para decirle que dictamine en tal o cual virtud, no le puedo hablar a la fiscal para decirle ponga atención en tal disposición; son abogados, son entes autónomos y cada quien cumple con sus obligaciones", atajó.
En este sentido, Alejandro Armenta señaló que si alguien utiliza un instrumento de fiscalización para pretender dañar políticamente a una persona, ésta puede recurrir a un amparo.
Por esta razón, pidió a los secretarios y el resto de los funcionaros del gobierno del estado actuar con "estricta pulcritud".
Esta exigencia, dijo también se debe extender a los procedimientos de los órganos internos de control de la administración estatal, para que rindan cuentas claras.
"Pensar que ir a tocar la puerta de un amigo, de un compañero, para que nos pase algún error administrativo que pudimos tener, es estarle jugando a la suerte y no debe ser así. Tenemos que conducirnos inherentemente al ejercicio de cargo con absoluto apego a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos", enfatizó.
Hay que recordar Guadalupe Siyancan fue acusada por la edil de Xoxtla, Guadalupe Ortiz de causar un daño patrimonial por 15 millones de pesos, así como otras irregularidades durante su gestión como alcaldesa de ese municipio, del 2021 al 2024, por lo que enfrenta un proceso ante la Auditoria Superior del Estado (ASE).
