El gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, alertó que si no hay ampliación a dos carriles la autopista Cuacnopalan-Oaxaca continuarán los accidentes mortales en esta zona que se ubica entre ambas entidades.
Incluso, se refirió a la concesión que tiene esta vialidad como de "muerte", ya que las cláusulas restringen al gobierno para actuar y dan libertad a la empresa para que haga modificaciones cuando quiera, lo que afecta directamente a los automovilistas.
"No nos podemos quedar callados por este accidente y los que pudiera haber. Se firmaron concesiones de muerte y no estamos en contra de los empresarios, pero sí de las malas prácticas”, reprochó.
El mandatario estatal recalcó que la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, al igual que la Amozoc-Perote, fue concesionada bajo un contrato que no privilegia el interés público, sino el interés personal del negocio.
Lo anterior, al señalar que en el contrato se dejó a criterio de la empresa concesionaria ampliar o no los carriles; lo cual no se ha hecho hasta ahora pese a que el flujo vehicular sobre la autopista ha incrementado significativamente, lo que consideró es muestra de la corrupción que había entre empresarios y autoridades del "viejo régimen".
"Tenía que hacerse un convenio que escalara porque entre más vehículos, en las casetas hay más beneficios para la concesión, más ingresos", refirió.
Alejandro Armenta recalcó que al haber un mayor flujo vehicular en estas "superautopistas" el riesgo para los usuarios es mayor, por lo que de no haber mejoras en la vialidad continuarán los accidentes.
Sin embargo, comentó que resultaría complicado actuar jurídicamente para lograr la ampliación de la Cuacnopalan, ya que con las condiciones actuales del Poder Judicial federal, el resultado sería adverso.
"Yo no soy omiso y tengo que decir que quienes firmaron esas concesiones firmaron concesiones de muerte, de saqueo (...) estoy a favor de los empresarios, pero estamos en contra de la corrupción sea de donde sea y venga de dónde venga", sostuvo.
Esto debido a que recriminó los empresarios y autoridades que hicieron estos “contratos leoninos” no pensaron en el interés público, sino en el negocio.
