En un paso que marca un precedente en la legislación local, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respaldó públicamente la entrada en vigor de la reforma al Código Penal estatal que sanciona el ciberasedio, publicada esta semana en el Periódico Oficial del Estado.

En su declaración, tras su ya tradicional faena matutina que realiza en distintos puntos, el mandatario subrayó que se trata de una ley “para proteger derechos”, no para coartar libertades.

“Los ciberdelitos se dan en función del desarrollo tecnológico. Nosotros lo único que hacemos es actualizar la ley”, expresó el gobernador al referirse al fenómeno del acoso en redes sociales, robo de identidad, manipulación de imágenes y otros delitos digitales.

Recordó que como senador apoyó la llamada Ley Olimpia y refrendó su compromiso con el respeto a la vida privada, especialmente de mujeres y sectores vulnerables.

Enfatizó que el ciberasedio no es exclusivo de un género, pero sí tiene implicaciones graves para mujeres, niñas, adultos mayores y menores de edad, quienes muchas veces no conocen cómo funcionan las tecnologías que hoy se utilizan para violentar sus derechos.

“¿Cuántos casos hemos visto de abuelitos, de niños que los utilizan para hacer delitos de cuello blanco?”, cuestionó.

La nueva legislación, aprobada por mayoría en el Congreso local, contempla sanciones de hasta tres años de prisión para quien incurra en prácticas de acoso digital, como enviar mensajes reiterados con connotaciones sexuales, difundir imágenes íntimas sin consentimiento, o suplantar identidades para engañar o extorsionar.

El gobernador insistió en que esta ley va más allá del castigo penal: busca reforzar una cultura de respeto en entornos digitales.

“Si alguien violenta ese derecho [a la intimidad], está violando un derecho humano. Prostituyen a las personas con el rostro, con el cuerpo de una mujer, de un hombre, y eso debe parar”, sostuvo.

En un momento en que la tecnología avanza más rápido que las normas que la regulan, Puebla se suma a las entidades que dan un paso firme en materia de protección digital.

La implementación ahora requerirá campañas de difusión y capacitación institucional para que la ley no quede en letra muerta, y sirva como un verdadero escudo contra la violencia digital.