Bajo el amparo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), durante la administración de Blanca Laura Villeda Martínez y después de Rodolfo Igor Archundia Sierra, como procuradores, se dieron por lo menos dos casos de homicidios ocurridos en el interior de los separos de la desaparecida Policía Judicial del Estado (PJE), que no fueron investigados en forma debida.
Uno de estos crímenes, resultado de excesos en la practica de torturas, terminó con la renuncia de Blanca Laura Villeda Martínez, al cargo de procuradora General de Justicia, pero dejo sin investigar las practicas al margen de la ley de interrogatorios a base de golpes y de castigos “medievales”, donde las víctimas además de ser amarrados de pies y manos sobre una tabla, les colocaban sobre la cara una franela y les dejaban caer agua provocando que se sintieran asfixiadas, hasta que “se les paso la mano”.
Abogados de hombres y mujeres que fueron sometidos a “viejas practicas” para arrancarles alguna confesión, como en el caso de la muerte del empresario Ricardo Ramírez, donde dos de los responsables han sido sentenciados a 36 años de prisión, consideraron necesario que se habrá una investigación sobre las denuncias por tortura y abuso de autoridad en contra de policías, principalmente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), luego de que estas encierran casos no aclarados donde “chivos expiatorios” fueron acusados de crímenes que no cometieron.
En breve la ex procuradora General de Justicia y varios integrantes de su “cerrado” equipo de trabajo van ser a blanco de denuncias penales y civiles por el caso de Ricardo Ramírez Rodríguez, asesinado el 31 de enero del 2008.