Evaluador en la dirección de Centro de Control de Confianza del Gobierno del Estado, se niega a pagar la pensión alimenticia de su hijo de dos años de edad y ha utilizado su cargo para influir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a fin de obstaculizar las acciones del Juzgado Primero Familiar en Tepeaca, de acuerdo a la denuncia que hizo su ex pareja, señalando además que ahora hasta le han extraviado su expediente y le dicen que “ya nada se puede hacer”

Rosa Ivon Cano Gonzáles de 26 años de edad,  mujer que desde hace dos años vive en el desamparo total,  dice no ha logrado conseguir que Guillermo Arellano Palafox,  padre de su hijo,  Ángel Daniel Arellano Cano de 2 años de edad, se haga cargo de la pensión alimenticia que por derecho corresponde cuando una pareja decide separarse dejando en medio del conflicto a hijos  menores de edad.

Ivon comenzó contratando un abogado particular con apoyo económico de sus padres quienes se dedican a vender  trabajos de tela bordada manualmente como servilletas y carpetas para adornar muebles,  la versión de Ivone es que la suerte no le  a favorecido ya que los abogados que ha contratado no han tenido éxito con lo que se supone debe ser un tramite sencillo ya que cuenta con los documentos  oficiales necesarios.

Esto la obligo a iniciar una pelea legal por su propio medio ya que sin mas recursos económicos  disponibles  tiene que ser ella misma su propia defensa, agregando que Ivon nada mas curso la secundaria,  ella misma  levanto ante el juez primero de lo familiar en Tepeaca, el exhorto numero 169 desde principios de 2011, dándole seguimiento personalmente llegando por instrucciones de esas autoridades hasta ciudad judicial puebla  en el tribunal superior de justicia del estado.

Ahí le hicieron el expediente numero 2659/2012, por parte de la diligenciaría Jessica bajo la instrucción de Martha Hernández.  Su  caso para lograr una simple pensión de alimentos a favor de su hijo se ha ido conformando de una gran cantidad de oficios, llegando al grado de amenazas indirectas dice ella, ya que las encargadas de atenderla en esta oficina de servidores públicos,  le han dicho que deje  las cosas por la paz y que no denuncie mas esta pensión  ni al servidor publico, ya que  el hombre al que ella exige la cuota obligatoria, es un influyente funcionario que trabaja como evaluador en la dirección de Centro de Control de Confianza del Gobierno del Estado, tal y como 
lo desprende el oficio DAF/2011/0931 con fecha 5 de diciembre de 2011.