La presencia de narcomenudistas así como los robos a escuelas públicas del municipio, ha comenzado a preocupar a las autoridades del municipio de Puebla.

A tal grado ha llegado esta inseguridad que ya se ha autorizado la instalación de 150 botones de pánico para atacar los focos rojos que se han reportado en igual número de instituciones educativas.

En lo que va del año, se tienen registrados 5 reportes de presencia de narcomenudistas a las afueras de las escuelas que están operando en diferentes partes de la ciudad, situación que se ha reportado previamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio para que ponga cartas en el asunto.

Además, se registran de 3 a 4 robos por semana en las instituciones educativas, la regidora Alejandra Domínguez Narváez anunció la intensión de poder colocar botones de pánico en las escuelas públicas.

En conferencia de prensa,  la regidora admitió que en las escuelas los problemas de narcomenudeo, asaltos y agresiones entre compañeros han incrementado de manera considerable, por lo que es urgente que se pueda aplicar este programa de prevención en la mayoría de las escuelas públicas.

“Hay instituciones públicas que desafortunadamente que han sido 11, 16 o 6 veces 4 veces, las mismas instituciones que han sido robadas, por lo que se busca que esta estrategia sea contra el robo de éstas”.

Las principales denuncias son hechas por los propios alumnos de las instituciones educativas, y que hasta el momento son ya hasta 5 los reportes de parte de los estudiantes que han solicitado la intervención de las autoridades en seguridad.

La cabildante informó que estas acciones que se van a emprender, es debido que en los últimos meses se ha visto un incremento preocupante de asaltos a estudiantes en los alrededores de las escuelas públicas, pero también  un aumento considerable de casos de "bullying", de ahí la necesidad de impulsar estas medidas de prevención.

De hecho manifestó que con la colocación de estos botones de pánico que un menor de edad puede activar en el momento en que se sienta vulnerable o sea víctima de un delito, buscan reducir esta incidencia hasta en un 40 por ciento.