Rafael Carpinteiro Lazcano, director de la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se refirió a los ocho elementos de la Policía Municipal de Palmar de Bravo que desde el 5 de septiembre pasado se encuentran arraigados por la investigación de un homicidio, señalando que no se han vulnerado sus derechos.
“Los arraigados están sujetos a una investigación, ellos tienen derecho a ser asistidos por un abogado, los está asistiendo un abogado; tienen derecho a que los visiten sus familiares, los están visitando sus familiares; tienen derecho a que se les esté realizando periódicamente una supervisión médica, todo esto se está haciendo, no se están vulnerando en ningún momento las garantías ni los derechos de los policías arraigados”, dijo al conceder una entrevista a reporteros de la página policíaca.
“Los policías que tenemos arraigados están sujetos a una investigación por parte de la Procuraduría, derivado del homicidio de Manuel Nuria Salas, el cual fue privado de su vida en el interior del domicilio del hijo del presidente municipal de Palmar de Bravo.
”La Procuraduría tiene la obligación de realizar las investigaciones necesarias para justificar la probable responsabilidad de los participantes e integrar la averiguación previa para poder determinar contundentemente ante un juzgado la responsabilidad de éstos.”
Con relación a la detención de los policías Edgar Hernández Trejo, José Teodoro Hernández Vázquez, Margarito Rosas Paredes, Jorge Leonel Aldana Cabrera, Pedro Adolfo Pacheco Silva, José Antonio Rosales Pérez, Antonio Hernández Vázquez y Martín Mirón Andrade, dijo que la Procuraduría, en ejercicio de esas funciones y esas facultades que tiene, solicita diligencias diversas como cateos y solicita medidas de arraigo ante una autoridad judicial.
Mencionó que se está investigando un delito: “Los policías que estuvieron presentes el día de los hechos se solicitó su medida cautelar de arraigo por el término de 30 días para que nosotros estemos en actividades de desahogar todas las diligencias y podamos determinar la responsabilidad de cada uno de ellos; no implica esto que estén señalados como probables responsables, sino que nosotros estamos investigando todos los delitos que se pudieron haber cometido, porque hay delitos que se cometen por acción y también por omisión, entonces podríamos estar ante ese supuesto de que alguna de las autoridades hayan cometido el delito de no hacer y que, obviamente, esto les implique una responsabilidad penal.
”La medida cautelar la solicitamos por el terminó de 30 días, no se necesita que necesitemos agotar ese termino. Tenemos la facultad si no hemos terminado de solicitar una prorroga y también no necesitamos agotar esos 30 días, si antes nosotros tenemos los elementos suficientes para solicitar una acción penal nosotros lo vamos a hacer.
”Están arraigados desde el 5 de septiembre.
”Nosotros tenemos que observar siempre las garantías de los derechos fundamentales de cada persona, ellos están sujetos a una investigación, nosotros obtuvimos una medida cautelar primero para que nosotros tengamos los elementos a la mano para poder esclarecer el delito y segundo para poder nosotros garantizar la integridad de los que pudieran proporcionarnos algún tipo de datos para la investigación.”
La PGJ asiste a los familiares del hombre asesinado
Finalmente, el funcionario mencionó que: “Dentro de las garantías que tienen las víctimas de los delitos también existe un área de la Procuraduría; es la que vigila que se le dé toda la atención a las víctimas de un delito. En este caso, nosotros tenemos a la esposa, a las hijas del difunto y a su hijo, y obviamente se le está dando la atención psicológica, se les están dando los apoyos de despensa, así como toda la información, que la tengan ellos a la mano, de la investigación, para que ellos tengan la certeza, y así la tienen, de que la Procuraduría está haciendo su labor y que estamos avanzando en la investigación”.
