Durante 2019 en Puebla, el índice de impunidad en el sistema de justicia penal fue de 90.1%, lo que representa que 9 de cada 10 delitos cometidos en todo el territorio poblano quedaron sin castigo contra los delincuentes.
De acuerdo con el más reciente estudio de México Evalúa “Hacia una persecución más estratégica”, Puebla es la tercera entidad con “mejor desempeño” en la Fiscalía General del Estado, (FGE) sin embargo, las cifras revelan que apenas el 9.9 por ciento de los delitos reciben una respuesta satisfactoria.
Lo anterior obedece a que, a nivel nacional el promedio de impunidad es de 96.1 por ciento, y en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, la impunidad es de 99.99, 99.80 y 99.6 por ciento respectivamente. De ahí que Puebla ocupara el tercer escaño de las menos impunes –con el 90.1 por ciento-, solo por debajo de Querétaro y Guanajuato con 90 y 87.6 por ciento.
En cuanto a los procedimientos que siguió el Ministerio Público –en 2018- para la atención y resolución de delitos, el estudio señaló que cerca del 59 por ciento de las carpetas de investigación se fueron al archivo temporal, en otro 13 por ciento de los casos hubo abstención de investigar, mientras que aproximadamente un 17 por ciento correspondió a incompetencia por parte de las autoridades.
Al respecto el informe de México Evalúa señala: “las instituciones de procuración de justicia en el país no cuentan con lineamientos y criterios que orienten –de forma estratégica- su toma de decisiones (…) Cuando se observan los resultados de la procuración de justicia en el país existen divergencias injustificadas”.
El estudio señaló que, de enero a septiembre de 2019, la mayoría de los delitos denunciados correspondía a robos –en sus distintas modalidades- con un 36.8 por ciento, violencia familiar 10 por ciento; lesiones 9.7; daño a la propiedad 6.4; amenazas 5.3; fraude 3.6; narcomenudeo 3.5; y otros delitos 22.5 por ciento.
Aquí, México Evalúa destacó que para combatir los diferentes delitos se debe conocer la complejidad y gravedad de cada uno de los casos, “deben ser capaces de dar respuesta de manera proporcional y diferenciada a los distintos fenómenos delictivos”.
El organismo recordó que de los 30 millones de delitos cometidos en el país, las fiscalías iniciaron poco más de dos millones de investigaciones, y de estas, apenas 80 mil se presentaron ante un juez.
Cabe destacar que fue en 2016 que México comenzó con la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, por lo que las Procuradurías pasaron a ser Fiscalías, un modelo que pretendía que estos órganos de justicia fueran autónomos.
Hasta 2019, 87 por ciento de las instituciones cambiaron de modelo, sin embargo, “La autonomía no es condición suficiente para garantizar un mejor desempeño de las instituciones”.
