Según el vocero Federico Lombardi, la Sede Apostólica recibió con “vivo estupor” una orden emitida la víspera por el Ministerio de Justicia de Croacia que declaró nulo un acto con el cual se restituyó el monasterio de Dajla (Istria) a los monjes benedictinos de Praglia (Italia).
Lombardi recordó que la restitución había ya sido aprobada por la oficina administrativa estatal de la región de Buie y por ello tachó de “extraordinaria” la iniciativa de echar abajo un procedimiento inicialmente autorizado.
Calificó el modo de proceder de las autoridades croatas como “no coherente con el principio fundamental de la certeza del derecho”, ante todo porque “la primera ministra croata había manifestado la intención de afrontar en espíritu de colaboración el problema”.
“Obviamente será obligatorio dar a los sujetos interesados la posibilidad de una verificación de este procedimiento en las sedes oportunas”, apuntó.
Apenas la semana pasada la Sede Apostólica precisó los motivos que la orillaron a obligar a la diócesis croata de Porec y Pula a devolver un monasterio del siglo XVIII a los religiosos italianos y a pagar una indemnización por seis millones de euros (8.5 millones de dólares).
Desde hace unos siete años la demarcación eclesiástica y el monasterio benedictino, ubicado en territorio italiano, se disputan la propiedad de la abadía de Dajla.
El complejo, fundado por los benedictinos y expropiado por el régimen de Tito al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había sido restituido a finales de la década de 1990 por el gobierno directamente a la diócesis de Porec y Pula.
Los originales propietarios, los monjes, exigieron el pago de una indemnización que nunca llegó y llevaron su solicitud hasta El Vaticano, en 2004.
En noviembre de 2008 el Papa constituyó una comisión cardenalicia que buscó un acuerdo entre las dos partes y, sin lograrlo, propuso al pontífice algunas conclusiones.
Así Benedicto XVI autorizó –en diciembre de 2010- que las propiedades inmobiliarias interesadas, y aun en posesión de la diócesis, sean transferidas al ente croata Abbazia d.o.o, enteramente controlado por la Abadía de Praglia.
Inicialmente el obispo de Porec y Pula, Ivan Milovan, había aceptado negociar pero después cambió de opinión. Por ello El Vaticano nombró, el 6 de julio, al prelado español Santos Abril y Castelló como “comisario ad actum” para esa específica cuestión.
El enviado sustituyó temporalmente a la autoridad eclesiástica local para firmar el traspaso de los bienes en disputa al ente Abbazia con una regular acta notarial, documento que fue impugnado como nulo.
Este gesto, inusual por sus características, desató una encendida controversia en Croacia, donde los medios de comunicación acusaron al Vaticano de “destituir por un minuto” a Milovan y de perjudicar a su país.
La primer ministro Jadranka Kosor intervino en la disputa, primero escribiendo una carta a la Secretaría de Estado del Vaticano y después promoviendo la declaración de nulidad, que de facto regresó el estado de cosas como al principio.