En el siglo pasado, los colegios públicos, liceos fiscales y escuelas técnicas formaron gratis a cientos de miles de chilenos que luego adquirieron una profesión en instituciones como la Universidad de Chile o la Universidad Técnica del Estado, entre otras.
Los jóvenes egresados de la educación media sólo debían rendir su prueba de admisión para ingresar a alguna de las universidades de enseñanza gratuita y, cuando más, pagar una matrícula proporcional al ingreso familiar.
En la década de los años 60 y comienzos de los 70, lejos de cuestiones económicas, las preocupaciones de los jóvenes universitarios chilenos pasaban por el co-gobierno o el aumento de los cupos bajo el lema “Universidad para todos”.
Hoy, la situación es radicalmente distinta. Tres meses de paro, más de un mes de huelga de hambre de un grupo de jóvenes y decenas de manifestaciones multitudinarias dan cuenta de una realidad en la que la educación, lejos de ser un derecho, pasó a ser un lujo.
El quiebre se produjo en 1981, cuando la dictadura militar instaurada en 1973 lanzó una reforma educativa que multiplicó los colegios pagados, traspasó la educación fiscal a los municipios y posibilitó el surgimiento de las universidades privadas.
Además, creó colegios subvencionados administrados por “sostenedores” (empresarios), en los cuales los alumnos deben pagar la diferencia entre el costo del colegio y de lo aportado por el Estado y cuya calidad es a menudo cuestionada.
La diferencia abismal que en la mayoría de los casos se produce entre la educación que reciben los estudiantes de colegios privados y los que egresan de colegios municipalizados o subvencionados crea una paradoja:
Los que estudiaron en colegios privados obtienen mejor puntaje en las pruebas de admisión y pueden acceder a las universidades estatales, las cuales son más exigentes y están favorecidas con becas o créditos menos onerosos que los asignados a las privadas.
La creación de las universidades privadas, que exigen menos puntaje para estudiar una carrera, permitieron masificar la matrícula, pero sus altos aranceles obligan a los jóvenes a acceder a préstamos con tasas de interés que llegan al 5.6 por ciento.
Estadísticas divulgadas en el marco de la huelga revelaron que Chile posee los aranceles más caros entre las universidades públicas y los segundo más altos –sólo detrás de Estados Unidos- entre las privadas de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El alto costo de la educación provoca que un 40 por ciento de los universitarios chilenos abandone sus estudios antes de terminarlos, la mayoría con una deuda, mientras que aquellos que la terminan tendrán su futuro hipotecado por varios años.
Deudas superiores a los 20 millones de pesos (unos 43 mil dólares) parecen algo normal para un estudiante que logra terminar sus estudios “gracias” a un crédito.
Según un documento de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia, en la actualidad existen 110 mil morosos del Fondo Solidario, que provee de créditos a los estudiantes, con una deuda promedio de cinco millones de pesos (unos 11 mil dólares).
Las demandas básicas de los estudiantes en Chile, en huelga desde hace tres meses, apuntan hacia una profunda reforma educativa que garantice la calidad de la enseñanza y acabe con el lucro.
El respaldo masivo a su causa –en movilizaciones y en las encuestas- indica que el problema es nacional y que millones de chilenos esperan que esta vez se logre que al menos el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables acceda a la educación gratuita.