En un encuentro en Roma con el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), Kanayo F. Nwanze, la ex mandataria hizo un llamado para incrementar la colaboración interinstitucional a favor del empoderamiento de las mujeres pobres del medio rural.
En especial, mediante la inversión en iniciativas dirigidas a la educación, la integración económica y la seguridad alimentaria, precisó la directora de la Entidad para la Igualdad de Género y la Promoción de la Mujer de Naciones Unidas, denominada ONU Mujeres.
“Es alentador saber que podemos contar con asociados tan fuertes como el FIDA, con los que podemos trabajar juntos para mejorar la situación de las mujeres rurales”, sostuvo.
Nwanze subrayó por su parte que “el empoderamiento beneficia no sólo a las propias mujeres, sino también a sus familias y comunidades”.
“Los índices de malnutrición y mortalidad disminuyen cuando las niñas tienen mayor acceso a la educación. Además lo que es aún más importante, las mujeres vuelven a invertir en sus comunidades y su futuro”, añadió.
Informó que en la actualidad casi el 50 por ciento de la financiación del FIDA se destina de manera directa a las mujeres, con lo cual se calcula que se logra atender a 16.8 millones de mujeres pobres en las zonas rurales.
La ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las féminas, fue creada en 2010 con la finalidad de acelerar el progreso hacia la consecución de los derechos de éstas en todo el mundo.
El empoderamiento económico de las mujeres, en especial en las zonas rurales, es una de las prioridades estratégicas de la organización, la cual también coordina y promueve las actividades del sistema de las Naciones Unidas dirigidas a avanzar hacia la igualdad de género.
En América Latina, el FIDA y la ONU Mujeres elaboran el Programa de Ampliación de Oportunidades Económicas para las Mujeres Emprendedoras de las Zonas Rurales de América Latina, por valor de tres millones de dólares.
Mediante este programa se prestará apoyo a las empresas rurales de propiedad de mujeres en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Perú, con prioridad específica a las mujeres de ascendencia africana e indígena.