La Casa Blanca defendió hoy la estrategia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para aplicar las leyes migratorias, mediante la cual aumentó la tasa de deportados con antecedentes criminales al 55 por ciento.

“El Congreso nos da recursos para ese número, para (deportar) unos 400 mil cada año y esa es nuestra obligación bajo la ley”, indicó Cecilia Muñoz, directora de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, en el programa “Al Punto” de la cadena Univisión.

En días pasados reportes oficiales indicaron que se estableció una cifra récord de casi 397 mil deportados durante el año fiscal 2011.

Puntualizó que la composición de deportados ha cambiando porque mientras en el gobierno del ex presidente George W. Bush sólo el 30 por ciento de los expatriados tenía antecedentes criminales, la cifra ahora es del 55 por ciento.

El número de criminales que ha deportado el gobierno de Obama era de 136 mil en 2009, la cifra aumentó a 195 mil en 2010 y a 216 mil en 2011, detalló la funcionaria.

Explicó que de las 630 mil personas deportadas que no son criminales muchos entraron al país recientemente o volvieron después de ser deportados y “ese es un crimen bajo las leyes actuales”, puntualizó.

“La solución aquí es cambiar la ley y trabajar con el Congreso”, recalcó Muñoz.

Defendió la estrategia de migración anunciada en fecha reciente en la que se revisarán los más de 300 mil casos en proceso de deportación para “centrarse en las prioridades” de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) que sería deportar a criminales peligrosos y posponer las de trabajadores inmigrantes.

Indicó que ya se inició la revisión de casos y se trabaja en supervisar que se apliquen en todo el país.

Ante la queja de que el programa Comunidades Seguras promueve la discriminación racial hacia hispanos, Muñoz dijo que el Departamento de Seguridad Interna está escuchando a la comunidad y revisando el programa para asegurarse que “hace lo que debe hacer y no lo que no debe”, dijo.

Entrevistada por separado, Katherine Vargas, vocera del Foro Nacional de Inmigración, indicó que hay una contradicción en el discurso oficial.

“Por un lado se están promoviendo esas cifras récord, pero también estamos viendo que un 45 por ciento de esas personas deportadas son padres, madres de familia y estudiantes indocumentados que se beneficiarían de un programa de legalización”, dijo.

Ante el argumento de la Casa Blanca de que están aplicando las leyes existentes, Vargas comentó que debería de hacerse de una manera “enfocada” hacia los criminales y no a los personas que no han cometido delitos y son “víctimas de un proceso de migración que no funciona”.

Recalcó que el programa Comunidades Seguras “deja la puerta abierta a la discriminación racial” y citó un reporte del Instituto Warren en el que se revela que el 93 por ciento de los deportados son hispanos.

“Las autoridades con cualquier pretexto” detienen a los hispanos porque “saben que bajo este programa pueden ser identificados (como indocumentados)”, remarcó.

Subrayó que mientras Comunidades Seguras fue pensado en combatir el crimen, se ha convertido en una herramienta para la deportación.

Advirtió que la ley migratoria de Alabama es un retroceso en materia de derechos civiles, ya que con ella los inmigrantes hispanos se han convertido en “chivo expiatorio” de políticos tanto de derecha como de izquierda.