“La gran mayoría de los detenidos, incluidos menores de edad y enfermos mentales, se ven obligados a representarse por ellos mismos ante la corte de inmigración lo que podría, y debería, cambiar pronto”, señaló el rotativo en inglés en uno de sus editoriales.
El diario apunto que en 2009, el presidente Barack Obama se comprometió a reformar el sistema nacional de detención de inmigrantes.
“Desde entonces, su administración ha tomado algunas medidas para cumplir esa promesa, como proporcionar a los detenidos acceso a la atención médica y el cierre de instalaciones con problemas”, reconoció.
“Sin embargo, aún no ha facilitado la revisión más significativa: asegurar que los inmigrantes indigentes detenidos tengan acceso a asistencia y a la representación legal”, resaltó.
Hasta ahora, los tribunales federales han sostenido que sólo los acusados “tienen derecho a un abogado de oficio. Un caso de inmigración, incluso si se trata de la detención, para el marco legal solo es un asunto civil”.
Como resultado, la gran mayoría de los detenidos, incluidos los niños y los enfermos mentales, se ven obligados a representarse ellos mismos en la corte de inmigración.
Este mes, sin embargo, un juez federal en Los Angeles podría ayudar a traer equidad al sistema. La jueza federal de Distrito de Dolly Gee decidirá si da entrada a una demanda colectiva presentada en nombre de inmigrantes detenidos sin recursos y con discapacidad mental.
Si la jueza Gee certifica la procedencia bajo la Ley de Rehabilitación, que requiere el gobierno para dar cabida a personas con discapacidad, ésto podría ayudar a cientos, si no miles, de personas, indicó el Times.
Eso sería un gran comienzo. Pero se necesita mucho más para asegurar que todos los detenidos reciban un trato justo ante la ley, remató.
El diario apuntó que un estudio de 2011, dirigida por un juez federal, encontró que los inmigrantes con los abogados tienen cinco veces más probabilidades de ganar sus casos que los que no los tienen.
En pocas palabras, el acceso de los inmigrantes a un abogado puede ser tan importante como los hechos de su caso.
El rotativo citó el caso de José Antonio Franco, un hombre con retraso mental que enfrenta la deportación a México después de tirar una piedra durante una pelea y en donde un juez suspendió su caso, en lugar de permitir que él mismo se representara.
Como resultado de ello, Franco pasó casi cinco años en un centro de detención el sur de California, sin juicio previo, porque no tenía abogado.
Fue puesto en libertad el año pasado después que los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles) accedieron a representarlo.
La necesidad de representación legal para los inmigrantes ha crecido así como las consecuencias tan drásticas por lo que hay que hacer algo. Proporcionar a los detenidos con discapacidad mental un abogado de oficio es un primer paso importante, finalizo.