México redobló esta semana sus esfuerzos ante la ONU para promover la protección de los derechos de los migrantes frente a leyes locales que contravienen en forma creciente las obligaciones internacionales de los Estados en materia humanitaria.

La delegación mexicana ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) patrocinó esta semana en la Asamblea General la resolución sobre “protección a migrantes”, como ha hecho desde 1990, cuando se adoptó la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

El embajador de México ante la ONU, Alfonso de Alba, dijo en entrevista, que con la resolución se busca contrarrestar leyes como las aprobadas en Arizona y Alabama (Estados Unidos), aunque no son específicas ni exclusivas para estas jurisdicciones.

“Hemos visto en los últimos años una serie de leyes y de medidas a nivel de gobiernos estatales que afectan los derechos de los migrantes y que en algunos casos constituyen disposiciones evidentemente racistas”, destacó el diplomático.

“Son ese tipo de leyes los que no están preocupando, aunque pueden ser adoptadas no solo en Estados Unidos sino en muchas partes del mundo”, abundó.

La novedad este año es el énfasis que hace el documento en la obligación de los Estados de tomar mayor responsabilidad sobre las leyes aprobadas por gobiernos locales, que podrían estar en contradicción con el derecho internacional.

“No se vale que un gobierno municipal o estatal desarrolle políticas que sean contrarias a las obligaciones que el Estado ha adquirido a nivel internacional, porque acá en la ONU no están representados los gobiernos locales de manera fragmentada”, enfatizó De Alba.

Arizona y Alabama destacan porque en fecha reciente aprobaron legislaciones que criminalizan la migración, restringen derechos universales para individuos en condición migratoria irregular y promueven el perfil racial.

En la resolución, la Asamblea General expresó “su preocupación respecto de legislaciones adoptadas por algunos Estados que resultan en medidas y prácticas que restringen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes”.

En tal sentido, México expresó especial preocupación por aquellas disposiciones legales que restringen el acceso a la educación para los hijos de inmigrantes indocumentados, una violación flagrante a los derechos humanos universales.

“Al desarrollar estándares y normas internaciones, limitamos la capacidad que tienen las autoridades de legislar en contra de migrantes, e incluso de actuar en su perjuicio, porque muchas veces son medidas reglamentarias y disposiciones lo que los afecta”, dijo De Alba.

El documento de este año también destacó la necesidad de reconocer y garantizar la participación de grupos religiosos, organismos civiles e incluso de individuos en la protección de los derechos de los migrantes.

“En algún momento se quiso incluso penalizar a quien ayudara a un migrante irregular y eso es totalmente inconsistente con una política de protección de los derechos humanos”, declaró durante la entrevista el representante mexicano ante la ONU.

Además de esta resolución, la delegación mexicana promovió en días recientes documentos que apuntan a aumentar la cooperación internacional en la lucha contra narcotráfico, donde se especifica el vínculo entre enervantes, tráfico de armas y lavado de dinero.

Asimismo, promovió una resolución sobre la protección a los derechos de las personas con discapacidad y otra sobre el respeto de las garantías individuales en la lucha internacional contra el terrorismo.

Cuatro resoluciones similares a las presentadas por México mediante la tercera comisión de la Asamblea General –aunque limitadas a sus componentes de respecto a las garantías individuales– fueron promovidas también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra.