El fiscal del caso, Julio Herrera, pidió a la titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, imponer una sentencia por cada uno de las 256 muertos (7.680 años) y otros 30 años por delitos contra la humanidad, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.
El juicio entró en la recta final luego de iniciado el debate oral y público el 14 de marzo con la presencia de los acusados, los ex patrulleros civiles Eusebio Grave; los hermanos Julián y Mario Acoj; Santos Rosales; y el ex comisionado Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado.
La matanza de los indígenas de la etnia maya Achí ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad de Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz, durante el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
"Los niños, hombres y mujeres mayores fueron golpeados hasta morir y las niñas y jóvenes, violadas y asesinadas", recordó el fiscal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco en 2004 por la masacre y ordenó la investigación y la persecución penal de los responsables.
Éste será el segundo juicio por una matanza que llega a esa fase en Guatemala, donde la impunidad alcanza el 98% de casos en los tribunales, según asociaciones civiles.
Por el asesinato de 201 campesinos, perpetrado en una aldea de Petén también en 1982, fue condenado a 6.060 años de prisión el militar Pedro Pimentel. En el mismo proceso, cuatro ex militares recibieron la misma sentencia.
Una Comisión de la Verdad de la ONU documentó 669 masacres durante la guerra civil, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado; la mayoría, durante los gobiernos de facto de Ríos Montt y Oscar Mejía.