El gobierno boliviano presidido por Evo Morales no es, precisamente, el “mejor amigo” de la Iglesia católica. Desde que llegó al poder el 22 de enero de 2006, el presidente ha protagonizado diversos altercados institucionales con la jerarquía eclesiástica. El más reciente ocurrió algunos días atrás, cuando su administración anunció que presentará una demanda judicial contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), un órgano de prensa con sello jesuita.
 
Todo comenzó el 15 de agosto, durante la participación del mandatario en una feria en la localidad de Tiwanaku (zona del altiplano paceño). En su discurso, Morales contrapuso a dos regiones del país: el oriente y el altiplano. Según él, si los habitantes de la primera pasan hambre es por “flojos”. Sus dichos desataron inmediatas reacciones, especialmente por los históricos conflictos interregionales existentes desde hace décadas y agudizados en los últimos años.
 
“En el oriente boliviano, donde todo el año se produce, yo digo: solamente por falta de voluntad podemos ser tan pobres o no poder tener alimentos, mientras en el altiplano es diferente, si hay heladas y no hay lluvia, si hay granizada no hay alimentos, es una verdad esto, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. Textuales palabras del presidente.
 
Fides reportó del acto con un despacho titulado: “Evo dice que si se hambrea en el oriente es por ‘flojera’”. Aunque la nota periodística efectivamente pareció reflejar las palabras del político, el gobierno la consideró una afrenta. Por eso el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, salió el 21 de agosto a informar la intención de querellar a la agencia por una “distorsión” que “constituye una calumnia” y es, además, “un hecho delictivo”.
 
Ese anuncio estuvo presidido de varias advertencias. Tanto que el día 19, durante su misa dominical, el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra y cardenal, Julio Terrazas Sandoval, criticó ásperamente las amenazas contra “las personas que han trabajado tanto tiempo en el país por la democracia y por la libertad”.
 
Y aunque no mencionó directamente a la ANF, quedó claro su mensaje cuando dijo que “últimamente se amenaza a personas, se amenaza a las instituciones, se amenaza a todo el mundo de llevarlos a la cárcel, de hacerles juicio, y eso es estar jugando con la dignidad del pueblo Boliviano”.
 
En los últimos días el caso cobró particular relevancia. En una carta al director de la agencia, José Gramunt de Moragas, la Conferencia Episcopal Boliviana transmitió su “respaldo y solidaridad” al trabajo periodístico de ese órgano, “frente a los ataques descalificadores por parte de representantes del gobierno”.
 
El caso trascendió las fronteras y captó la atención de la Sociedad Interamericana de Prensa con sede en Miami, Estados Unidos, que emitió un comunicado para calificar como “desacertados, preocupantes y más cercanos a acciones intimidatorias, los planteamientos de dos funcionarios del gobierno (boliviano) contra la agencia noticiosa ANF”.