Los integrantes de la Comisión Permanente, del Congreso del Estado, presentaron un exhorto al Poder Judicial de Puebla, para que se priorice la atención a los adultos mayores, sobre todo en los casos de despojo, ya que son un sector vulnerable.
Los legisladores de diferentes partidos políticos, señalaron que uno de los grandes problemas o dificultades que enfrenta actualmente este sector, está relacionado con el acceso a la justicia, en donde muchas veces, por la situación de vulnerabilidad multidimensional en la que se encuentran, son víctimas de diferentes delitos o abusos, como lo es el despojo de su patrimonio o el abandono, entre otros.
Además, se suman las deficiencias de los sistemas de justicia, en donde la burocracia, los altos costos y los largos procesos judiciales, son las principales barreras para que las personas adultas mayores puedan acceder a la justicia, pues en muchos casos estos factores y la edad, terminan jugando en contra de las personas adultas mayores, falleciendo incluso, antes de resolverse sus asuntos judiciales.
En el documento presentado se señala que en vista que las personas adultas mayores de forma particular requieren que los trámites judiciales de los que forman parte sean prontos y expeditos, permitiéndoles participar en cada una de las etapas del proceso y garantizar una defensa jurídica efectiva, así como tener certeza y seguridad jurídica respecto de los asuntos de los que formen parte, y; Por la necesidad de que cuenten con ajustes razonables y de procedimiento que compensen las desventajas que viven y garanticen el ejercicio de sus derechos,
La petición es a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, promueva en el Poder Judicial del Estado de Puebla, la instrumentación de acciones, medidas y ajustes razonables y de procedimiento, a fin de garantizar de forma preferente, pronta y expedida, el trámite, resolución y ejecución de los asuntos judiciales de los que formen parte las personas adultas mayores, priorizando su atención de acuerdo a criterios de edad, salud y de interseccionalidad, respetando en todo momento el principio de igualdad jurídica de las partes. Lo anterior, a fin de proteger sus garantías procesales y su derecho de acceso a la justicia.
