Tras los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro exigió a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay retirar su personal diplomático acreditado en el país, luego de exigir transparencia en los resultados electorales.
Según un comunicado oficial, los gobiernos de los citados países realizaron acciones y declaraciones "injerencistas" sobre asuntos internos de Venezuela, en el marco de las elecciones llevadas a cabo la víspera en el país sudamericano, en las que fue reelecto Nicolás Maduro.
El comunicado agregó que los países mencionados se encuentran "subordinados a Washington y comprometidos con (...) postulados ideológicos del fascismo internacional".
Venezuela señaló que Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay "pretenden desconocer" la victoria obtenida por Maduro en las elecciones presidenciales del domingo.
"Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación", añadió el Gobierno venezolano.
Maduro responsabiliza a Edmundo González por manifestaciones
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, responsabilizó al excandidato opositor Edmundo González Urrutia por la violencia poselectoral desatada en todo el territorio nacional.
"Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción", manifestó en un mensaje en cadena nacional.
"Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora (María Corina) Machado, y la justicia tiene que llegar. En Venezuela tiene que haber justicia porque estas cosas no pueden volver a suceder", exclamó.
Hasta el momento, las protestas generalizadas en Caracas, así como en diversas localidades al interior de Venezuela en contra de los resultados electorales han dejado al menos 10 muertos y 749 personas detenidos, según cifras de la Fiscalía General, quienes son acusados de "instigación pública, obstrucción de vía pública, instigación al odio (...), resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo".
