El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios publicará el próximo lunes 15 de abril un informe con recomendaciones dirigidas a México, tras evaluar las acciones del Estado en materia de investigación de delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra personas migrantes, informó la Fundación para la Justicia.
A través de un comunicado, la organización señaló que los días 7 y 8 de abril el comité sesionó en Ginebra para revisar el cumplimiento del país, pero advirtió la ausencia de dos instituciones clave: la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante la evaluación, el comité solicitó detalles sobre la búsqueda de migrantes desaparecidos y la instalación de la Mesa de Búsqueda de Migrantes —pendiente desde hace tres años— sin obtener respuesta por parte del Estado mexicano, señaló la Fundación.
El gobierno reconoció pendientes en la política pública para enfrentar la crisis de desapariciones, y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, especialmente en El Salvador, a fin de garantizar justicia transnacional a las familias.
Organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Sin Fronteras y Asylum Access, entre otras, entregaron informes sombra que evidencian graves omisiones del Estado en temas como desaparición forzada, trata de personas, detenciones arbitrarias, discriminación y racismo.
La Fundación lamentó que el Estado no haya informado avances sobre los casos emblemáticos de violencia contra migrantes, como la masacre de 72 personas en 2010 y las fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), limitándose a referir los largos procesos judiciales impulsados por las víctimas sin mostrar resultados concretos.
Hasta ahora, solo se han dictado dos sentencias contra 38 presuntos integrantes de los Zetas, por delitos ajenos a los homicidios, secuestros y tortura de los migrantes.
Además, entre 2019 y 2025 se emitieron apenas 53 sentencias por delitos contra migrantes —10 absolutorias y 43 condenatorias—, y desde 2018 solo 15 sentencias por desaparición forzada, sin que se identificara si las víctimas eran migrantes.
La organización civil también denunció una falta de políticas diferenciadas con enfoque de género, niñez e interseccionalidad, así como una discriminación institucional que revictimiza a las familias.
El comité de la ONU expresó su preocupación por la militarización del control migratorio y los asesinatos de personas migrantes a manos de fuerzas militares, lo que, según el relator Pablo Ceriani, demuestra que el enfoque de seguridad afecta todos los derechos de esta población.
La Fundación espera que México adopte las recomendaciones del informe que será publicado el próximo 15 de abril y se comprometa a reparar las fallas señaladas.
