La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado las tensiones diplomáticas con Colombia al revocar la visa del mandatario colombiano Gustavo Petro, así como las de su familia, funcionarios y simpatizantes de su gobierno.
Esta medida se produce después de que el gobierno colombiano rechazara el aterrizaje de dos vuelos de repatriación con migrantes deportados desde Estados Unidos.
En respuesta, Trump anunció una serie de sanciones económicas y migratorias, incluyendo aranceles del 25% sobre productos colombianos, que podrían incrementarse al 50% en una semana si no se revierte la decisión.
Además, se implementarán inspecciones aduaneras reforzadas y sanciones financieras bajo la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Estas acciones también han afectado a empleados colombianos de organismos internacionales, como el Banco Mundial, quienes vieron revocadas sus visas diplomáticas G-4, impidiéndoles ingresar a Estados Unidos para participar en reuniones del FMI y el Banco Mundial.
El presidente Petro ha defendido su decisión, argumentando la necesidad de garantizar un trato digno a los migrantes deportados y criticando el uso de esposas y aviones militares en los vuelos de repatriación.
Sin embargo, tras intensas negociaciones, Colombia acordó aceptar a sus ciudadanos deportados bajo condiciones humanitarias, lo que llevó a la suspensión temporal de algunas sanciones.
A pesar de este acuerdo, la situación ha dejado a Colombia vulnerable a futuras represalias y ha generado preocupación en la región sobre el impacto de estas medidas en la economía y las relaciones bilaterales.
