El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación formal de María del Rosario Navarro Sánchez, ciudadana mexicana de 39 años, por proporcionar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), recientemente designado como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.
Esta es la primera vez que se presenta una acusación de este tipo contra un ciudadano mexicano desde dicha designación.
Según documentos judiciales, Navarro Sánchez conspiró con otros individuos para suministrar granadas al CJNG.
Además, enfrenta cargos por conspiración para el contrabando y transporte de personas dentro de Estados Unidos, adquisición y tráfico de armas de fuego mediante terceros, conspiración para el contrabando de grandes sumas de dinero en efectivo y conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas.
El fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, declaró: "Los cárteles como el CJNG son grupos terroristas que causan estragos en las comunidades estadounidenses y son responsables de innumerables vidas perdidas en Estados Unidos, México y otros lugares. Este anuncio demuestra el compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia para asegurar nuestras fronteras y proteger a los estadounidenses mediante una persecución efectiva".
Navarro Sánchez fue arrestada el 4 de mayo en Jalisco, México, durante una operación federal, y posteriormente extraditada a Estados Unidos para enfrentar los cargos en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en El Paso.
Dos coacusados mexicanos, Luis Carlos Dávalos López, de 27 años, y Gustavo Castro Medina, de 28, también enfrentan cargos relacionados con tráfico de armas y drogas.
El CJNG fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de EE. UU. el 20 de febrero de 2025, junto con otros siete cárteles internacionales. Esta designación permite aplicar cargos penales más severos en la lucha contra estas organizaciones criminales transnacionales.
La acusación contra Navarro Sánchez marca un precedente en la aplicación de leyes antiterroristas a miembros de cárteles mexicanos, reflejando la estrategia del gobierno estadounidense para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad nacional.
