El gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, ha comenzado a informar a más de 530 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su estatus de permiso temporal —conocido como “parole humanitario CHNV”— ha sido revocado, y se les insta a auto-deportarse lo antes posible.
El permiso CHNV fue establecido por la administración de Joe Biden durante 2022–2023 para permitir la entrada legal y temporal de migrantes de esos países, siempre que contaran con un patrocinador y aprobaran controles de seguridad.
Al asumir el cargo el 20 de enero, Trump firmó un decreto para eliminar este programa.
En mayo, la Corte Suprema autorizó que el gobierno anulara el estatus del permiso CHNV mientras los tribunales inferiores continúan revisando el caso.
Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) empezó a enviar notificaciones por correo electrónico indicando que la autorización de empleo ha sido revocada “con efecto inmediato” .
Los beneficiarios deben:
- Auto-deportarse utilizando la app CBP Home, según indica el DHS.
- Abandonar el país o enfrentar expulsión acelerada si su permiso vence y no cuentan con un estatus legal adicional.
El gobierno asegura que está actuando “por el bien de la seguridad nacional” y acusa a la administración anterior de haber “mentido” al permitir el ingreso de estos grupos sin rigurosos filtros.
Varias organizaciones advierten que la revocación del programa podría generar pérdidas de 5 mil 500 millones de dólares al año, ya que los migrantes aportaban mano de obra crucial a sectores como manufactura, construcción y salud.
También señalan que se rompe un canal legal y ordenado que ayudaba a reducir la migración irregular e incentivaba el empleo formal.
La decisión de Trump de cancelar el programa CHNV afecta de inmediato a más de medio millón de personas que ingresaron a EE.UU. de forma legal y contaban con empleo.
Mientras el DHS impulsa la salida voluntaria con la app CBP Home, múltiples voces alertan sobre los efectos negativos en la economía y las comunidades.
El desenlace dependerá de los procesos judiciales en curso y de la capacidad de los afectados para ajustarse a otros programas migratorios más complejos.
