En la operación, denominada Miniyó, se decomisaron cinco mil 644 kilos de cocaína, 550 vehículos y maquinaria industrial, propiedades inmobiliarias, joyas, sociedades, caballos de pura raza, obras de arte, entre otras cosas.
El Ministerio del Interior destacó en un comunicado que la organización constituía un emporio empresarial y económico de inigualables dimensiones.
Expuso que la primera fase de la operación, llevada a cabo por la Sección de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se desarrolló en junio de 2011 y dio como resultado la detención de 13 personas (cinco en España y ocho en Venezuela).
En esa fase se decomisaron los cinco mil 644 kilogramos de cocaína de gran pureza que iban a ser trasladadas a España desde el puerto venezolano de Palúa de San Félix, oculta en maquinaria pesada de movimientos de tierras.
Tras la explotación de la primera fase de la operación, la Guardia Civil pudo descubrir que aquella aparente actividad empresarial, de traslado de maquinaria que escondía la droga, no solo servía para tal tráfico ilícito, sino que también encubría el lavado de capitales que generaba dicho tráfico.
Por todo ello, la Sección de Blanqueo de la UCO comenzó la compleja labor de descubrir los cauces financieros utilizados por la organización criminal para encubrir los ingentes beneficios obtenidos a través de su actividad ilícita, en los años que llevaba operando.
Fruto del análisis de la documentación intervenida, se obtuvieron sólidos indicios que apuntaban a que L.M.J, de nacionalidad española y jefe de la organización, había creado un poderoso entramado societario para ocultar aquel emporio económico financiero, ilícitamente obtenido.
En esta parte de la investigación, los agentes pudieron determinar que la red contaba con un entramado societario de diversas empresas relacionadas con la construcción de viviendas, movimientos de tierras y la ejecución de infraestructuras, en algunas ocasiones, con contratos con administraciones autonómicas y nacionales.
Igualmente en la investigación se constató cómo L.M.J, interno tras su detención en la primera fase de la operación en la prisión de Soto del Real (Madrid), continuaba dirigiendo la red.
Daba instrucciones a la organización sobre la manera de gestionar su inmenso patrimonio, aún no decomisado, así como la manera de recuperar sus bienes intervenidos en la operación.
Entre las operaciones más rentables en las que la organización había invertido se encontraba la canalización de fondos mediante inversiones en minas de oro en el África subsahariana.
La Guardia Civil también averiguó que una buena parte de los beneficios obtenidos en el tráfico de drogas eran destinados a la compra de empresas de construcción y transporte en precaria situación económica.
Otra de las formas de lavado de dinero consistía en la adquisición en efectivo de vehículos, casas y terrenos, sin inscribir la compra-venta, para de esta manera figurar a nombre de falsos dueños y evitar perder los mismos ante una intervención policial.
El Ministerio del Interior afirmó que la operación ha supuesto la desarticulación de todos los escalones de la más importante organización de narcotráfico y lavado de capitales asentada en España.