Será la siguiente administración la que concluya el censo de más de 11 mil casetas telefónicas para obligarlas a pagar los impuestos que adeudan al ayuntamiento por la instalación de su mobiliario.
Lo anterior, debido a que la falta de personal para realizar esta labor que instruyó el cabildo no ha permitido avanzar lo que se esperaba, pues la falta de supervisores ha complicado estas acciones.
De hecho, sólo un 25 por ciento de avance lleva el censo de las casetas telefónicas instaladas en la capital poblana que se han negado a pagar por el uso de la vía pública, y que el cabildo solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para poder realizar el cobro de más de 26 millones de pesos, admitió su titular, Felipe Velázquez Gutiérrez.
A más de un mes de que en sesión de cabildo poblano se aprobó para que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se encargara de realizar en empadronamiento de las casetas telefónicas que se encuentran instaladas a lo largo y ancho de la Angelópolis, la dependencia no cuenta con el suficiente personal para acelerar los trabajos.
Por esa razón no descartó Velázquez Gutiérrez que será la próxima administración de Antonio Gali Fayad la que termine el mandato para que se tenga la certeza de cuantas casetas existen y a que empresa telefónicas pertenecen, y con ello se pueda exigir el pago.
De acuerdo a la denuncia pública que la regidora priista, Sandra Montalvo realizó ante la opacidad que el gobierno municipal de Eduardo Rivera Pérez ha tenido contra las empresas telefónicas, entre ellas, Telmex, Maxcon, Monefon, BBG, Logitel, que desde hace varios meses atrás no han cumplido con el pago de 7 pesos por día por el uso de la vía pública, lo que orilló al Cabildo solicitar el censo para que sin excusa ni pretexto la tesorería municipal exija el pago.
“Se va a llevar un tiempo levantar el censo, el personal de la Secretaria de Obras Públicas y el área de instituciones y atención ciudadanía se encargan del registro de cada una de las caseta instaladas en la ciudad, y se tendrá conformado confirme a la medida que se obtenga la información de campo”.
También admitió que no hay existencia alguna de registros de cómo fueron instaladas, ya que la mayoría tienen años instaladas, y aunque no todas funcionan, algunas otras, obstruyen el paso del peatón, y en otros casos dificulta el tránsito de las personas que presentan alguna discapacidad, como ciegos, y personas en sillas de ruedas, mismas que tendrán que ser retiradas.