Foto: Agencia Xinhua
Benedicto XVI, ahora papa emérito, destituyó durante su pontificado a casi 400 sacerdotes en dos años por abusar sexualmente de niños, reveló un documento.
Estas estadísticas corresponden a los años 2011 y 2012 y son mucho más que los 170 sacerdotes destituidos entre 2008 y 2009, cuando el Vaticano reveló por primera vez detalles sobre el número de sacerdotes despedidos.
Anteriormente sólo se había divulgado el número de denuncias de abusos sexuales que el Vaticano había recibido y el número de juicios que esa institución había autorizado.
Aunque no está claro por qué se dispararon los números en 2011, podría ser porque en 2010 hubo un aumento de casos reportados en los medios de comunicación.
El documento fue elaborado con base en datos recolectados por la Santa Sede para defenderse ante un comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) días antes en Ginebra.
El arzobispo Silvano Tomasi, embajador del Vaticano ante la ONU en Ginebra, aludió a una sola de las estadísticas en una sesión de ocho horas en la que el comité de derechos humanos de la ONU lo sometió a un intenso interrogatorio con fuertes críticas a la Iglesia católica.
Las estadísticas fueron compiladas de los propios reportes anuales del Vaticano sobre las actividades de sus distintas oficinas, incluyendo la Congregación de la Doctrina de la Fe, que maneja los casos por abuso sexual.
Aunque son públicos, los reportes anuales no están disponibles de primera mano ni se proporcionan fuera de Roma y suelen encontrarse en oficinas de la Santa Sede y en bibliotecas de las universidades católicas.
Una revisión de la Associated Press realizada ayer reveló que el papa Benedicto XVI destituyó a casi 400 sacerdotes en dos años por abusar sexualmente de niños.
Cuando era cardenal, Joseph Ratzinger emprendió acciones tras determinar que los obispos del mundo no estaban siguiendo la ley de la Iglesia para enjuiciar a los clérigos acusados en los tribunales católicos.
Los obispos solían simplemente cambiar a los sacerdotes problemáticos de una congregación a otra en vez de someterlos a juicios canónicos o entregarlos a la policía.
Por siglos, la Iglesia ha tenido sus propios procedimientos para lidiar con curas que abusan sexualmente de niños. Uno de los principales reclamos de las víctimas es que los obispos ponen los procedimientos de la Iglesia por encima de la ley civil de los países al sugerir a las víctimas que se mantuvieran en silencio mientras lo resuelven internamente.
La pena máxima para un sacerdote sentenciado por un tribunal de la Iglesia es básicamente perder su trabajo y ser expulsado del sacerdocio. No hay sentencias en prisión y nada que pueda evitar que un abusador vuelva a violar a alguna persona.
Según las normas de 2001, que impulsó Ratzinger, y sus subsecuentes reformas, la Congregación para la Doctrina de la Fe revisa cada caso enviado a Roma y después indica a los obispos cómo proceder.
