Los hechos de corrupción cometidos en el estado de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira son “expediente abierto” y de ninguna manera el caso está cerrado, a pesar de la detención, en Estados Unidos, de Javier Villarreal Hernández, extesorero durante la administración del también ex presidente nacional del PRI, aseguró el senador Miguel Barbosa Huerta.
“Mientras no se investigue a fondo y en su caso, se sancionen los actos de corrupción cometidos en la administración de Moreira, el compromiso del actual gobierno federal con el combate a la corrupción estará en entre dicho”, aseguró el coordinador parlamentario del PRD.
Barbosa Huerta señaló que Héctor Villarreal, actualmente detenido en la Unión Americana, es pieza clave para deslindar las posibles responsabilidades del ex gobernador, por lo que el gobierno mexicano debe solicitar su extradición.
El senador poblano exigió que se realice una investigación a fondo de los hechos que dañaron “enormemente” las finanzas de Coahuila, entidad que se encuentra inmersa en una difícil situación económica y de inseguridad.
“Las y los senadores del PRD consideran que la sociedad coahuilense, como la del resto de las entidades federativas del país, merecen tener autoridades que actúen con honestidad, transparencia y vocación de servicio”, apuntó.
Además, señaló que resulta “poco creíble” que el entonces gobernador Humberto Moreira fuera totalmente ajeno a las acciones que durante años realizó quien fuera Tesorero de su administración.
Dijo que el expediente Moreira no se ha cerrado porque en México existen ciudadanos y medios de comunicación que realizan una importante labor de vigilancia y seguimiento hacia los representantes populares, y esas acciones fortalecen la rendición de cuentas en beneficio de la sociedad.
El senador Miguel Barbosa recordó que a finales de 2013, en las últimas sesiones del periodo ordinario, el Congreso aprobó por un amplio consenso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Señaló que el surgimiento de una institución especializada en el combate a la corrupción fue una demanda ciudadana que tardó varios años y legislaturas en ver la luz.
“Ahora sabemos que no basta, sino que se requiere que una vez creadas este tipo de instituciones comiencen a dar resultados tangibles para la sociedad, en este caso en el combate a la corrupción”, subrayó.
