Mientras la confianza del procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, fue puesta en duda al revelarse su resultado de “recomendable”, lo que significaría que pasó “de panzazo”, 3 mil 958 policías estatales y municipales de Puebla han reprobado los exámenes de control y confianza.
En su historial, Carrancá Bourget fue investigado en el Distrito Federal por un abuso de poder cuando ostentaba el cargo de subprocurador de Procesos Penales de la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer los resultados de las evaluaciones de control de confianza aplicadas a 105 altos mandos de seguridad pública del país, entre 2011 y junio de 2013. Del total de los evaluados, 100 aprobaron y cinco fueron “recomendables”, entre ellos Víctor Carrancá, Juan Luis Galán Ruiz, jefe de la Policía Ministerial de Puebla; Juan Sánchez Zarza, subsecretario de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, y Gustavo Luis Huerta Yedra, titular de la Fiscalía General Regional.
A pesar de estos resultados, Carrancá Bourget señaló que finalmente sí aprobó la evaluación y desestimó su calificación apenas aprobatoria en los exámenes a nivel federal, asegurando que lo importante es que “las pasamos y punto”. “Ese es un tema que ya los dio a conocer la PGR. Estamos aprobados y punto. No hay nada más que decirse”, dijo a reporteros, de manera cortante, sobre el tema. Esto, De acuerdo con los documentos que la PGR le entregó a un reportero de Notimex, en acatamiento a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
El acusado
Hace 13 años, el ahora funcionario el gobierno de Puebla fue acusado de “monopolio de la acción penal” en siete casos relacionados con una firma de abogados donde al parecer Carrancá tenía intereses particulares durante la administración del perredista Cuauhtémoc Cárdenas.
Carrancá Bourget fue investigado en el Distrito Federal por un abuso de poder cuando ostentaba el cargo de subprocurador de Procesos Penales de la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF), en la administración de Cuauhtémoc Cárdenas.
Inclusive, estuvo a punto de ser llamado por diputados de la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que aclarase por lo menos siete casos relacionados con una firma de abogados.
Según una nota publicada el 28 de diciembre de 2001 en el periódico El Universal se confirma la acusación contra el funcionario morenovallista, derivado de una “asociación litigosa” entre Carrancá Bourget y el despacho Araujo y Araujo.
Genaro Torres Álvarez expuso la escritura pública 57547, luego de que pasó en prisión casi dos años en el Reclusorio Varonil Norte acusado de fraude y falsificación de documentos, pero hace dos meses fue exonerado por falta de elementos.
Esta persona alegó ante las autoridades ministeriales que el en ese entonces el subprocurador de Procesos, Carrancá Bourget, con ayuda de socios y colaboradores, utilizando su cargo, litigó en favor de intereses particulares diversos asuntos. “Ejercitando acción penal en contra de inocentes, protegiendo a los verdaderos responsables de delitos, violando garantías constitucionales y derechos humanos de los ciudadanos”, dice el documento.
También, lo relaciona con el coordinador de agentes del Ministerio Público auxiliares, Alejandro Robledo Carretero, el fiscal de Procesos en el Reclusorio Sur, Roberto Tomás Ibinarriaga Rivapalacio, y con los abogados litigantes Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Carlos Riquelme y Benjamín Albores Manzo. “Existe una asociación litigosa comprobable con la escritura pública 57547 entre los abogados, quienes desde dentro y fuera de la Procuraduría, unos como servidores públicos y otros como aparentes litigantes independientes, actúan defendiendo los mismos intereses”, indicó en su momento.
Señaló que todo es con el fin de “congelar” denuncias en contra de sus clientes, para que no se ejerciera la acción penal. Por otra parte, acusó que las denuncias infundadas de sus clientes prosperaron rápidamente, subsanando la falta de pruebas con una siembra de evidencias en las que participan agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y policías judiciales, dice el texto, compuesto por cinco hojas tamaño oficio.
Torres Álvarez aseguró, hace 13 años, que detrás de cada litigio existía un asunto donde se peleaban cantidades fuertes de dinero y que existían decenas de afectados que estaban dispuestos a declarar en el mismo sentido. Ante las acusaciones en ese entonces, el titular de la PGJDF, Bernardo Bátiz, exoneró al funcionario, pero sin investigarlo.
Pero no sólo es Torres Álvarez quien ha denunciado al ahora procurador de Puebla, sino también Federico Acosta Sierra, quien además denunció al presidente del Banco Bilbao Vizcaya, José Madariaga Lomelín, por violación al secreto bancario. Además se unen a la lista Alfonso W. von Boheim, que representa cerca de 100 trabajadores de Pemex, y el mismo Genaro Torres, todos litigando contra personas o empresas defendidas por el despacho antes citado.
“Las quejas en contra de Víctor Antonio Carrancá Bourget abundan y no alcanzaría el tiempo para detallar cada una de ellas; han sido presentadas ante órganos jurisdiccionales y de derechos humanos. En la Asamblea Legislativa han coincidido personas que han sido afectadas y que no son escuchadas por el procurador Bernardo Bátiz”, concluye el documento.
Los reprobados
Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), reprobaron las pruebas de confianza 3 mil 958 policías estatales y municipales en exámenes aplicados entre enero de 2010 y el 19 de octubre de 2013. Con estas cifras, Puebla es la tercera con mayor número de reprobados, sólo por debajo de Veracruz y Nuevo León. Veracruz es el estado que presenta el mayor número de policías reprobados, con 8 mil 991 elementos no aptos para continuar en sus labores, contra 10 mil 634 aprobados.
Nuevo León tiene 4 mil 38 policías no aprobados y 7 mil 509 acreditados, según datos entregados por César Antonio Córdova Juárez, director de Área de la Unidad de Enlace del SNSP, en respuesta a la petición de información con folio 2210300043313, que publicó este jueves el diario Milenio en su edición nacional.
Entre las fallas de los elementos destacan el incumplimiento de edad, perfil físico, médico y de personalidad que exigen las disposiciones. Otros uniformados fueron rechazados por alcoholismo o uso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
En algunos casos, había indicios de vínculos con organizaciones delictivas, mala conducta o estaban sujetos a proceso penal. La Ley de Seguridad Pública señala que los agentes que no sean avaluados o no aprueben los controles de confianza deben ser dados de baja, aunque el reporte no detalla que esto haya ocurrido.
En 2009 la Federación otorgó un plazo de cuatro años para la aplicación de controles de confianza a los policías de todo el país, mismo que venció el 3 de enero de 2013, pero ante el lento avance, el 18 de diciembre de 2012 la federación amplió el plazo 10 meses más, por lo que en octubre de 2013 todos los policías en activo debían estar acreditados.
El artículo tercero transitorio de la Ley de Seguridad Pública, promulgada el 2 de enero de 2009, concedía cuatro años para evaluar a los policías de manera progresiva. El transitorio establece que los integrantes de las instituciones de seguridad deberán obtener la certificación o de lo contrario “serán separados del servicio”.
En 2012, tras una orden de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reveló que sólo ha dado de baja en cerca de dos años a una sola persona por no aprobar las pruebas de confianza.
Las cifras oficiales señalan que existen 411 elementos no aptos, según los resultados de los referidos exámenes. La dependencia, en su informe, reveló que hubo 150 bajas. En el 2012, la PGJ evaluó a mil 283 personas, de quienes 357 fueron no aptas en confianza, 205 de nuevo ingreso y 155 de permanencia. Lo anterior significa que en la PGJ han reprobado 473 personas en apenas un año seis meses, según el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
