Las organizaciones afiliadas al Congreso Agrario Permanente (CAP), en el que también participa la Confederación Nacional Campesina (CNC), están listas para el diálogo entre el Ejecutivo y las agrupaciones campesinas previsto para este miércoles, con miras a la reforma estructural del campo.
Este 5 de marzo comenzarán los trabajos tendientes a las modificaciones jurídicas y legislativas con la participación de los bloques que aglutinan a la mayoría de las organizaciones nacionales campesinas, aunque algunas han condicionado su intervención.
En entrevista con Notimex, Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), destacó que el año pasado desde la coordinación del CAP se impulsó ese encuentro con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Por ello “celebramos que finalmente se va a dar, y esperamos que se defina la agenda y la ruta de la Reforma del Campo”.
Indicó que el diálogo previsto en la ciudad de Colima será un banderazo, y aseveró que abordar el tema de la soberanía tiene que ser fundamental, así como derecho a la alimentación, financiamiento al campo y sobre todo al ejido y la comunidad.
Además, mencionó, debe integrarse una agenda legislativa para hacer un nuevo marco jurídico más funcional y lograr una reingeniería institucional para que el Estado mexicano y el gobierno retomen la rectoría del desarrollo rural del país.
Subrayó que se debe privilegiar el tema de la autosuficiencia alimentaria para con ello atacar la pobreza y la desigualdad en el medio, para lo que se necesitan políticas pública que permitan al Estado mexicano que el presupuesto tenga un impacto más profundo.
El ex coordinador nacional del CAP hizo un breve diagnóstico del ramo, y observó falta de rentabilidad y productividad porque no hay crédito.
De igual forma, se carece de un sistema de almacenamiento, de buenos caminos y los costos de producción son elevados, además de que no se puede acceder a los mercados.
Expuso que debido a esos factores “los precios de los insumos se incrementan y los de comercialización van a la baja de tal manera que la actividad no es rentable”.
Otros problemas son la pobreza y la desigualdad, que se han acumulado por lo menos durante los últimos cuatro sexenios, por lo que urge una reforma estructural en ese ámbito.
En tanto la Confederación Nacional Campesina (CNC) se reportó lista para el diálogo que entre el Ejecutivo federal y las organizaciones campesinas a partir de este miércoles.
En un documento, estimó que esa reforma habrá de beneficiar de manera directa a más de 30 millones de mexicanos, aunque el objetivo es que esas acciones repercutan en todo el país con la recuperación de la soberanía alimentaria, la reducción de la pobreza y un freno al fenómeno de la migración.
La CNC aseguró que participará con propuestas para hacer al campo más competitivo con el incremento de la producción de alimentos y del ingreso para siete millones de mexicanos que trabajan en el sector, con lo que se conseguirán mejores precios para toda la población.
Gerardo Sánchez García, presidente de la CNC, aseguró en el documento que con la reforma estructural “se revaloriza al sector rural como esencia principal y estratégica del desarrollo del país”.
El diagnóstico general de la CNC establece que el escenario se caracteriza por la concentración de 65 por ciento de la pobreza en el medio y en el hecho de que el país ha alcanzado una dependencia alimentaria de casi 50 por ciento en granos básicos y oleaginosas.
A su vez el actual coordinador nacional del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, consideró que el encuentro de las organizaciones campesinas con el presidente de la República es “un triunfo del movimiento”.
Adelantó que esa agrupación acudirá a la reunión en la capital de Colima “para plantear con toda formalidad su propuesta en torno a la reforma para el campo que debe concluir con la firma del nuevo Pacto Rural”.
Desde su perspectiva, esa reforma es impostergable para dar viabilidad y rentabilidad a la economía campesina y remarcó que “vamos por ello a defender la necesidad de creación de nueva infraestructura hidroagrícola en el centro y el sur del país”.
Hizo énfasis en que la Presidencia de la República debe ser aliada del movimiento campesino, “por lo que acudiremos a un encuentro de carácter político con el Presidente de la República para confirmar su voluntad de llevar adelante una reforma en el campo teniendo como interlocutores a las organizaciones campesinas”.