Ante el acoso que viven en la actualidad las organizaciones sociales y los activistas, el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín, subrayó que las protestas sociales no se pueden evitar con órdenes de aprehensión.
Girar órdenes de aprehensión en contra de los líderes sociales y de algunas autoridades auxiliares del Estado de Puebla, agregó el rector, no es la vía para la solución de los conflictos existentes, producto de la inconformidad ciudadana ante políticas impositivas del gobierno poblano.
En una sociedad democrática y moderna, afirmó Baños Ardavín, tiene que haber cabida para las manifestaciones públicas ordenadas, que no violenten los derechos de terceros, pero sobre todo, que se puedan hacer escuchar las voces ciudadanas y puedan ser acogidas en las instancias que correspondan.
Y es que desde su perspectiva, nadie puede abrogarse para sí mismo, el ejercicio de la ley, a capricho, porque el tema en la sociedad actual, es realmente apegarse a la institucionalidad y la legalidad, pero de ninguna manera reprimir las manifestaciones sociales.
Institucionalidad sobre órdenes de aprehensión
Y más que apostar por las órdenes de aprehensión como las que se giraron en contra de “Simitrio”, líder de vendedores ambulantes de la organización 28 de Octubre y su familia, el rector de esa universidad pidió apostar por la institucionalidad.
Se debe exigir el estado de derecho, agregó Emilio José Baños Ardavín, y eso quiere decir el respeto a la ley y a los derechos humanos, elementos que no están contrapuestos y más bien, tienen que ser armonizados de manera permanente a favor de la sociedad poblana.
En la vida pública actual, dijo Baños Ardavín, si existe algún exceso o un procedimiento fuera de la ley, todos los integrantes de la sociedad, tienen que armonizarlos y fortalecerlos para asegurar el ejercicio justo apegado al proceso legal de la justicia.
Los liderazgos dentro de los organismos ciudadanos, agregó, tienen que fortalecerse, pero de la misma forma, también se debe fortalecer la procuración de justicia y las comisiones de derechos humanos, que son las que deben velar por el Estado de derecho y por los derechos elementales de los ciudadanos.
El camino adecuado para lograr ese respeto, dijo, es el fortalecimiento de las instituciones, para alcanzar un equilibrio que abone al estado de justicia y logre evitar los excesos que se presentan en la vida pública de la actualidad.
