Esta es la tercera ocasión en la que amenazan al colectivo Obreras Insumisas debido a que continúan apoyando a los trabajadores de la empresa Exportadora de Pantalones SA de CV, por lo que han tenido que levantar una denuncia señalando como responsables de hostigamiento a Joaquín Reyes y Luis Rodríguez Reyes, miembros del Sindicato de la FROC-CROC Manuel Rivera Anaya.

Así lo dio a conocer Rodrigo Santiago Hernández, asesor y defensor de los derechos laborales del colectivo, quien relató que desde el pasado 24 de noviembre él y su compañera Reyna Ramírez Sánchez recibieron una nueva amenaza alrededor de las 2:30 horas.

La piedra que fue aventada a través de una ventana estaba envuelta en un papel que decía “van a valer madres si siguen chingando R y R” iniciales que refieren a los nombres de Rodrigo y Reyna, ambos integrantes del colectivo Obreras Insumisas.

Los antecedentes

En Tehuacán se dio un embargo precautorio a favor de las trabajadoras, y a partir de ahí se desató esta ola de amenazas, hostigamiento e intimidación que ponen en peligro la vida e integridad de los miembros de la organización de trabajadoras.

“El mismo día que se hace el embargo, el colectivo recibe amenazas por parte del sindicato de la FROC-CROC Manuel Rivera Anaya, en donde las trabajadoras señalan que habían fijado precio a nuestras cabezas”, indicó Rodrigo Santiago Hernández.

Además, reveló que los miembros del sindicato han solicitado que las 150 máquinas y mobiliario —cuyo avalúo asciende a más de 3 millones de pesos— embargados a la empresa Exportadora de Pantalones sean devueltas a lo dueños.

“La FROC-CROC Manuel Rivera Anaya es un sindicato que siempre ha trabajado para el patrón, por lo que ahora los dueños les reclaman que por qué no los protegieron y les exigen se valgan de todos los recursos necesarios para recuperar lo embargado.”

La denuncia

En la denuncia que presentaron ante la agencia del Ministerio Público en el expediente 1821/2011/TEHUA, señalan directamente a Joaquín Reyes y Luis Rodríguez Reyes como responsables de lo que les suceda a ellos como defensores de los derechos de los 64 trabajadores y sus respectivas familias.

Finalmente, Rodrigo Santiago Hernández solicitó al gobierno que encabeza Eliseo Lezama Prieto y al mandatario estatal Rafael Moreno Valle que se les den las medidas precautorias, puesto que desde la primera denuncia no se las han dado.

“No sabemos por qué. Hoy fue una piedra, al rato quién sabe. Pedimos que las investigaciones se hagan con celeridad, que nos se retrasen, que se garantice el trabajo de los defensores de derechos humanos y laborales.”