Con la amenaza de iniciar una movilización social, pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo obligaron al ayuntamiento de San Andrés Cholula a suspender la construcción de un polideportivo en el kilómetro 6 de la carretera federal Puebla-Atlixco.
Para evitar disturbios, el gobierno municipal se llevó de esta comunidad la inversión federal de 90 millones de pesos que representaba la obra y que este lunes iba a iniciar con la presencia del gobernador Rafael Moreno Valle.
Después de una asamblea comunitaria en la plaza principal de San Bernardino Tlaxcalancingo, en la que cerca de 3 mil habitantes rechazaron el proyecto por el supuesto de que se trataba de “una inversión privada que les haría perder identidad”, el alcalde Miguel Ángel Huepa Pérez sostuvo que la inconformidad es generada por “una gran desinformación” que tiene un trasfondo político.
Explicó que el proyecto es de carácter público, del gobierno federal, estatal y municipal, pero algunos líderes de la junta auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo manipulan a sus vecinos. Y anunció que su administración procederá legalmente contra estas personas que provocaron la pérdida de esta obra que pretendía beneficiar a los deportistas y generaría desarrollo económico para esta población.
En entrevista para noticiarios radiofónicos, Miguel Ángel Huepa confirmó que el complejo deportivo no se realizará en San Bernardino Tlaxcalancingo. Sin embargo, se llevará a cabo en otro lugar de este municipio, para evitar la pérdida de la inversión federal de 90 millones de pesos que será aplicada por el gobierno estatal.
Recordó que la tarde del domingo estuvo presente en la asamblea comunitaria realizada en la plaza principal de Tlaxcalancingo, donde se comprometió a suspender la obra e incluso devolvió las escrituras del terreno. Asimismo, dejó entrever que los responsables de la protesta son las autoridades auxiliares de la junta auxiliar. Por su parte, los vecinos reunidos esta mañana en el kilómetro 6 de la carretera federal a Atlixco insistieron que la obra “estaría a cargo de una empresa extranjera y que después se concesionaria a particulares”.
Por la tarde, los inconformes se presentaron en el palacio municipal a demandar la donación formal de los terrenos donde se planeaba la construcción del polideportivo, que no se tomen represalias contra los participantes en el movimiento de protesta y no realizar proyectos futuros sin el consenso de la comunidad.
