Durante la sesión ordinaria de Cabildo en Tecamachalco, celebrada el pasado jueves 12 de junio del presente año, el cuerpo edilicio aprobó el dictamen referente al proceso entrega-recepción de la administración 2011-2014, que encabezó el exedil Rubén Balcázar, en donde se detectaron más de 150 irregularidades que representan un monto económico superior a los 30 millones de pesos.
Luego de aprobarse el tercer acuerdo contemplado en la sesión ordinaria de Cabildo, el asesor jurídico del ayuntamiento de Tecamachalco, Roberto Romero Sandre, reveló —en entrevista— que existen 157 irregularidades en el proceso de entrega-recepción, que suman 33 millones 384 mil 548 pesos.
Indicó que hay 15 inmuebles que no fueron dados de alta ante el Registro Público de la Propiedad, desconociéndose el avalúo de los bienes muebles e inmuebles. Seguido de la falta de oficios de inversión en proyectos de obra pública que, en algunos casos, se quedaron inconclusas o en proceso.
Además, no se cuenta con la documentación necesaria para comprobar la nómina de los trabajadores del ayuntamiento y que el tabulador de salarios que analizaron no coincide con lo declarado ante la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
“Hay una infinidad de créditos ante el SAT, porque no se les pagó a acreedores, proveedores, pero no podemos decir que todas las anomalías son del pasado gobierno, porque existen documentos que incluso no se han culminado por otras administraciones”, indicó tras señalar que el monto económico podría incrementar en caso de que las autoridades salientes no presentaran la documentación requerida.
Confirmó que entre los departamentos que tienen un mayor número de observaciones e inconsistencias fueron: Obra Pública, Tesorería y Sindicatura. Además, el gobierno que presidió Rubén Balcázar Juárez dejó sólo 35 chalecos de policías municipales, además de que están caducados.
La postura
En tanto, el primer regidor de la comuna de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, expuso que los integrantes de la comisión del proceso entrega-recepción fueron quienes analizaron los documentos que dejó el gobierno 2011-2014 y que será la Auditoría Superior del Estado de Puebla la encargada de sancionar a los servidores públicos en caso de encontrar desvío de recursos u otro delito.
Cabe mencionar que durante la pasada sesión de Cabildo se aprobó el estado financiero del periodo que corresponde del 1 de mayo al 30 del mismo mes del año en curso; además, se aprobó destinar la cantidad de un millón 845 mil 549 pesos al Centro de Readaptación Social (Cereso) para el pago de mantenimiento y del personal.
Al respecto, el alcalde indicó que el pago que se destina al Cereso proviene del Ramo 33 (Fortamun 2014): “Son recursos que servirán para el mantenimiento y operación del penal, el cual cuenta con una población de 170 reos”.
