Pese a que por más de 10 años ha existido una disputa territorial de mil 600 hectáreas entre el Estado de Puebla y Morelos, problema que afecta a más de 5 mil habitantes de las comunidades indígenas del municipio de Tochimilco, principalmente la localidad de San Antonio Alpanocan al quedarse sin acceso al agua para riego y para consumo humano, el Congreso del Estado de Puebla los ha ignorado, exhibió el dirigente estatal del Barzón Poblano, Gerardo López Ramírez.

Tras la conferencia en la capital poblana y entrevista a Intolerancia Diario, López Ramírez informó que ante la nula respuesta e interés por parte de la LX legislatura del Congreso de Puebla para defender mil 600 hectáreas, el conflicto por la disputa territorial entre los Estados de Puebla y Morelos fue admitida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de expediente 143/2020.

Expuso que desde más de 10 años existe este conflicto socio-político entre los Estados de Puebla y Morelos por la disputa de mil 600 hectáreas, disputa que afecta a 10 comunidades pertenecientes al municipio de Tochimilco, principalmente a dos localidades indígenas entre ellas, San Antonio Alpanocan.

“El 8 de septiembre del presente año, dimos a conocer la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que por medio de esta instancia jurídica se encargara de dirimir este conflicto territorial, y así impedir problemas políticos y sociales que pudieran derivar de esta batalla territorial entre Morelos y el Estado de Puebla”.

“El día 22 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aceptado dicho recurso de control constitucional 143/2020 por lo cual, y en apego a la controversia constitucional presentada por el municipio de Tetela del Volcán se suspende el decreto que fue aprobada por los diputados del Estado de Morelos; sin embargo, el proceso no ha culminado ya que aún se tienen que desahogar pruebas, presentar alegatos y dictar una sentencia. Jurídicamente hablando, la suspensión es un triunfo ya que ordena la SCJN al estado de Morelos de abstenerse de realizar actos materiales a efectos de implementar el decreto combatido y que probablemente pudiera violentar el territorio poblano”, refirió.

LX legislatura ignora el tema

Destacó que han contado con el apoyo del alcalde de Tochimilco, Aurelio Tapia Dávila para llevar esta disputa ante la SCJN; sin embargo y pese a que las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla los han atendido, siguen minimizando el tema que pudiera —aseveró— en estallar un conflicto social mayor, aunado a que los legisladores del Congreso Poblano definitivamente los ha ignorado.

Refirió que el territorio que pretenden despojar a los poblanos es rico en la siembra de aguacate y se encuentra una de los principales afluentes de agua en la región, vital líquido que sirve para el riego y el consumo humano; por lo que, presumió que dicha disputa social tenga intereses no solo políticos, sino también económicos.

Finalmente, López Ramírez aseguró que continuarán en la lucha para defender las mil 600 hectáreas que le pertenecen al Estado de Puebla y llamó a los legisladores del Congreso Poblano a atender el tema para evitar —insistió— un conflicto social mayor.